La sentencia considera probado que Castro Sarriegui trabajó durante un mes en la empresa Ugaldetxo S.L., propiedad de Aldaya, donde recogió datos sobre la vida del industrial y sobre los resultados económicos de sus empresas.

Colaboró activamente con el "comando Ipar Haizea" de ETA, al que facilitó todos los datos, que luego se incautó la policía. Entr ellos, apareció un informe en el que el etarra relataba que Aldaya era dueño de las empresas Alditrans y Ugaldetxu, de las que obtenía unos beneficios anuales de 200 y 400 millones de pesetas, respectivamente.

"Si se quiere se le puede secuestrar y pedir más de 1.000 millones. No hay problemas para hacerlo, ya que no tiene guardaespaldas ni toma medidas de seguridad", comunicó el procesado a ETA en un informe, al que tuvo acceso la policía.

El empresario José María Aldaya fue secuestrado por ETAel 8 de mayo de 1995 y puesto en libertad casi un año después, el 14 de abril de 1996, cuando, según el informe del fiscal, la familia del empresario entregó a los secuestradores una cantidad cercana a los 150 millones de pesetas.

Si bien Castro Sarriegui es el único procesado por este secuestro, el fiscal señaló también a Oscar Cadenas Lorente como coautor de las diversas informaciones facilitadas sobre la vida y costumbres de Aldaya. Este etarra se encuentra actualmente en rebeldía en México, país a que ya ha sido solicitada su extradición.