En declaraciones a Servimedia, Arnaldo explicó que la ley no justifica en ningún caso la utilización de un arma en circunstancias como las que, al parecer, se dieron en el suceso de este fin de semana en Sevilla, en el murió una joven de 21 años por los disparos de la Guardia Civil.

A su juicio, el agente podría ser culpable de omicidio, si las circunstancias coinciden con las que se han revelado hasta ahora: una simple fuga del control.

"Los agentes sólo pueden utilizar un arma para repeler una agresión de igual magnitud, pero en ningún caso se puede disparar en un control de alcoholemia porque una persona se de a la fuga", puntualizó Arnaldo.

La asociación, según su presidente, había recibido hasta ahora quejas de los automovilistas por el trato que se les ha dispensado en los controles de alcoholemia urbanos por part de los policías locales, pero, en ningún caso hasta ahora, tenían quejas del comportamiento de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

El presidente de Automovilistas Europeos pidió, a raíz de este hecho, un reciclaje de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en el uso de las armas, incluido su uso si se ha ingerido alcohol por parte de los agentes, porque "aunque son casos aislados tienen mucha transcendencia social y hacen que la gente desconfíe y que tenga miedo", subraó.

Por otra parte, aunque hasta el momento se desconoce el estado en el que se encontraba el control de alcoholemia en el que ocurrió el suceso, Arnaldo recordó que este tipo de controles, según marca la ley, deben estar ubicados en lugares fuera de la calzada, donde no perturben la circulación, sin riesgo para los conductores, y señalizados de forma que sean visibles para cualquier automovilista.

El joven que conducía el vehículo en el que murió tiroteada la joven sevillana alegó que se saltó elcontrol y se dio a la fuga porque circulaba sin haber obtenido el carné de conducir.

Según indicó a Servimedia Mario Arnaldo, si el jóven hubiera parado en el control la única sanción que se le podía haber impuesto es una multa administrativa de 50.000 pesetas, porque conducir sin tener carné en España no constituye ningún delito.