El nulo efecto del caso Benegas" en el crecimiento de la telefonía móvil (TMA) queda demostrado con el ritmo de altas en este servicio, que hace sólo dieciocho meses era de 1.500 al mes y ahora se sitúa en 7.000.

El desarrollo de la telefonía móvil, en la que Telefónica tiene previsto invertir 62.000 millones de pesetas dentro de un programa quinquenal que puso en marcha en 1990, ha sido espectacular, desde los 1.081 aparatos instalados en 1986.

Sus principales usuarios son ejecutivos y hombres de negocios que aproechan los "tiempos muertos" del automóvil para realizar gestiones y estar permanentemente localizables.

El precio de estos aparatos oscila entre 120.000 y 350.000 pesetas, sin incluir el IVA. El coste del servicio es de 25.000 pesetas por la conexión, idéntica a la de un teléfono convencional, pero a ello hay que añadir una cuota de 6.028 pesetas al mes y el precio de cada llamada, que es de 150 pesetas para los tres primeros pasos y 45 por cada minuto más.

El principal problema que plantean esto teléfonos, como demostró el "caso Benegas", es que sus comunicaciones pueden ser fácilmente interceptadas, como la propia compañía Telefónica reconoce en el reglamento que entrega a los usuarios de este servicio.

Dicho reglamento establece en su artículo 29 que "Telefónica advertirá a los abonados que, pese a que el servicio incluye garantías en relación con el secreto de las comunicaciones telefónicas, existen siempre riesgos en este aspecto derivados de la vulnerabilidad del medio radioeléctrico". Señala asimismo que "Telefónica quedará exonerada de toda responsabilidad que pudiera derivarse por el abonado o por terceros de escucha o grabación de conversaciones telefónicas, de uso o publicidad y, en general, de cuantas acciones u omisiones no imputables a la misma quebranten el secreto de las comunicaciones".

Por otra parte, existen también sistemas para evitar las escuchas, como los aparatos de secrafonía, que distorsionan la voz del emisor para el "oyente pirata".

Esta solución planta, sin embargo, dos problemas: el aparato cuesta 150.000 pesetas por cada usuario y no garantiza plenamente la intimidad de las comunicaciones, porque el mensaje puede ser descifrado en un laboratorio.