El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional decidió citar a la alcaldesa a raíz de la querella interpuesta por la asociación Dignidad y Justicia contra Beitialarrangoitia, a la que acusó de mantener el nombre del etarra José Ariztimuño en un parque de la localidad, así como la designación de "Gudarien", o "soldado vasco", de una de sus plazas.

El etarra Ariztimuño, involucrado en el asesinato del comandante Jesús Velasco Zuazola, murió en marzo de 1981 en un enfrentamiento con la policía. Tanto la designación de la calle con su nombre como la de la plaza "Gudarien" fueron acordadas por el Ayuntamiento de Hernani en un pleno de 1982.

En el auto de citación el juez señalaba, en contra del criterio de la Fiscalía y de alguno de sus compañeros de la Audiencia Nacional, que es delito no sólo "acordar dar el nombre de una calle a un miembro de ETA", lo que conlleva "un reconocimiento personal" del terrorista, sino también "mantener dicha resolución", como ha hecho la actual alcaldesa.

La Fiscalía se pronunció a favor del archivo de la querella al entender que Beitialarrangoitia no cometió delito alguno en este sentido, ya que ella no formó parte del consistorio que decidió otorgar los citados nombres a las vías de la localidad.

Pero Grande-Marlaska entiende que los hechos denunciados tienen "naturaleza criminal", al existir todavía esas vías con nombres de etarras, lo que representa "un reconocimiento a su trayectoria vital, con riesgo de que terceras personas elijan tal vía de comportamiento", y, además, "con un espíritu innegable de menosprecio a las víctimas".

El hecho de que Beitialarrangoitia no formara parte del consistorio que acordó atribuir a un etarra el nombre de una calle no es elemento suficiente para concluir que no ha cometido delito alguno, ya que al decidir mantener tales nombres "asume su contenido esencial", agrega el juez.