Esta ley se encargaría de regular aspectos de las grandes urbes, según el propio documento, que están referidos a conviviencia ciudadana, seguridad ciudadana, seguridad vial, ordenación del tráfico y transportes, control medio ambiental,servicios sociales, cultura y deportes, educación y formación ocupacional.

Sobre la ley de las grandes ciudades el alcalde de Barcelona, Pascual Maragall manifestó que "estamos todos de acuerdo en que una cuestión pendiente en este país es la solución de l calidad de vida. No se ha mejorado la calidad de vida de las personas en las grandes ciudades, de ahí el escepticismo respecto al sistema político en su conjunto".

Esta es una de las resoluciones a que han llegado en la tercera reunión que han llevado a cabo los integrantes del llamado grupo siete (G7). Además los alcaldes de estas siete ciudades han firmado un documento que incluye puntos como la necesidad de promulgar una Ley sobre el transporte urbano.

Este texto definiría las competencias deplanificación, coordinación y financiación de los tres niveles de la administración.

En este sentido y según ha explicado la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, los ayuntamientos piden que un 65% del coste del transporte público urbano sea financiado por el gobierno central.

Otra de las reivindicaciones del documento está referida a las insuficiencias financieras en la que se ven sumidos los ayuntamientos. Barberá ha señalado al respecto que "los alcaldes exigimos a los gobiernos central y autonmico el cumplimiento urgente de las obligaciones económicas contraidas con los ayuntamientos".

Además, se solicita la promulgación urgente de una normativa sobre tráfico de peatones y vehículos en zonas urbanas para "conseguir una mayor seguridad vial y calidad de vida". Según esta normativa se agilizarían los mecanismos sancionadores en la ciudad y se regularían las infracciones.

Asimismo, el texto contempla la elaboración de un plan específico de inversiones urbanas para mejorar la red viaria ylas infraestructuras del transporte urbano.