Se trata de una vieja aspiración de los ayuntamientos de difícil materialización, pero los alcaldes socialistas quieren aprovechar para ello el actual momento de redefinición del gobierno local y de reforma de los estatutos de autonomía.

La Convención Municipal del PSOE reúne en Sevilla a unos 1.700 alcaldes, concejales y presidentes de diputación que debaten bajo la batuta del secretario de Política Municipal y Libertades Públicas del partido, Alvaro Cuesta.

Fue el propio Cuesta el que expuso ante los medios de comunicación algunas de las conclusiones que podían extraerse tras varias horas de debate en mesas redondas y talleres de intercambio de experiencias de gestión municipal.

La conclusión esencial es que la legislación debe garantizar para los ayuntamientos que todas las competencias delegadas desde otra administración, que suele ser la comunidad autónoma, debe ir acompañada de financiación.

Eso supone, por ejemplo, que si el Estado financia a una comunidad autónoma la prestación de un servicio determinado que ésta traspasa después a un ayuntamiento, el presupuesto aportado inicialmente desde el Estado debe pasar también al consistorio.

El objetivo final es que los ayuntamientos vean reconocida su propia autonomía y no quedar relegados a un nivel administrativo subordinado al autonómico o estatal. En definitiva, que el "viejo centralismo" del Estado "no sea sustituido por el centralismo de las comunidades autónomas".

Por ejemplo, una de las propuestas es que la financiación que Estado y comunidades autónomas traspasan a los ayuntamientos sea "incondicionada", de forma que cada consistorio pueda distribuir esos fondos en función de sus necesidades.

IBI

En lo que supone la otra fuente de ingresos de los ayuntamientos, sus propios tributos, los socialistas tienen los ojos puestos sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), aunque precisan que sus propuestas no supondrían en ningún caso un aumento de la carga tributaria sobre los ciudadanos.

Lo que proponen es valorar la base imponible del impuesto en función de un valor de referencia sacado del mercado, de forma que sea más acorde con la realidad del municipio, y que los ayuntamientos tengan margen a la hora de modular los tipos.

Eso permitiría, explicó Cuesta, que el IBI de dos viviendas iguales no trate igual a dos propietarios cuando uno de ellos la utiliza como residencia habitual y única y otro la mantiene "vacía e improductiva".

El tratamiento sería diferente y entre esos dos casos habría otras muchas situaciones, como las segundas residencias o las viviendas sacadas al mercado de alquiler por sus propietarios.

Los socialistas defienden que son los ayuntamientos los que más posibilidades tienen para distinguir esos casos, conocerlos y tratarlos de modo diferente valorando al mismo tiempo las peculiaridades del municipio y sus necesidades.

En la búsqueda de ese objetivo de autonomía municipal, Cuesta aseguró que los socialistas valoran el contenido del anteproyecto de ley de medidas para el nuevo gobierno local aprobado por el Gobierno, pese a que ha suscitado recelos en algunos ámbitos.

Para reforzar la relación entre administraciones, los socialistas proponen que los ayuntamientos puedan participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano en el que Estado y comunidades autónomas debaten la financiación.

Otro de los objetivos es que esos debates para consensuar un nuevo sistema de financiación autonómica sean acompasados de la búsqueda de un mecanismo estable de financiación local que garantice la autonomía y la suficiencia de los ayuntamientos.

COMISION DE ASUNTOS URBANOS

Los socialistas proponen también la creación de una comisión interministerial de asuntos urbanos en la que se debatan las políticas que afectan a las ciudades y que fomente la relación entre ellas, combatiendo una tradicional tendencia a la segregación entre municipios.

En este sentido, sugieren "un nuevo modelo de Diputación Provincial" para que esta institución se centre en ser "ente local de colaboración", es decir, generar sinergias entre los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, y también economías de escala que refuercen esa colaboración.

Cuesta juzgó necesario que exista una "acción concertada" con un acuerdo entre partidos, por un lado, y entre administraciones, por otro, para fijar los mínimos que las leyes estatales y autonómicas deben incluir para garantizar la autonomía local.