En el encuentro participaron también los responsables de las federaciones de Enseñanza de ambas organizaciones sindicales, Francisco García y José Vicente Mata.

Las movilizaciones convocadas por los sindicatos y por la Plataforma por la Escuela Pública (que integra a asociaciones de padres, vecinos y estudiantes de la Comunidad) buscan que se retomen las negociaciones de un convenio laboral que mejore las condiciones sociolaborales del colectivo docente y los trabajadores de administración y servicios de la enseñanza pública.

Asimismo, denuncian la "privatización" de la enseñanza en la región, materializada en las cesiones de terreno que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha hecho a colegios concertados, según denunciaron hoy estas organizaciones.

Además, pretenden exigir el cumplimiento del acuerdo "por la calidad del sistema educativo", firmado el 9 de marzo de 2005 con la Consejería de Educación, dirigida por Luis Peral.

El cumplimiento de este acuerdo pasa por poner en marcha una nueva normativa, para la distribución equitativa del alumnado "con dificultades" en centros públicos y concertados, de modo que no se concentren en los colegios de titularidad pública.

El plan también incluye, según estas organizaciones, la creación de un plan de convivencia en ESO para la Comunidad de Madrid, el aumento de las plantillas de profesores y su estabilidad laboral, la diversificación de nuevos perfiles profesionales adaptados a las nuevas realidades (monitores, cuidadores, mediadores sociales, auxiliares sanitarios, etcétera) y el refuerzo de la Formación Profesional. Además, supone la creación de más plazas en Educación Infantil.

En cuanto al examen de Conocimientos y destrezas Imprescindibles (CDI), la llamada "prueba externa de diagnóstico" que los alumnos de la región realizan al acabar la Educación primaria, José Vicente Mata declaró hoy a Servimedia que las oganizaciones no están en contra de que se realice, pero sí de que se publiquen los resultados.

El consejero de Educación, Luis Peral, ha dicho que este año no se publicarán. Pese a ello, los convocantes no dan credibilidad a sus palabras.

La prueba estaba prevista para el día 10. Sin embargo, la semana pasada Peral la trasladó al martes 9. Esto suavizaría la polémica en torno a los servicios mínimos para la jornada de la huelga, al no tener que ser suficientes para la correcta realización del examen.

Según Mata, no ha habido acuerdo entre Consejería y sindicatos a la hora de establecer dichos servicios mínimos. Peral les comunicará mañana qué servicios impondrá la Comunidad. Si, por su parte, los sindicatos consideran que éstos son "abusivos", recurrirán a los tribunales, según añadió Mata.

Los partidos PSM e IU de Madrid, así como los rectores de las universidades públicas de la región, también se han adherido a la convocatoria de la huelga y de la manifestación.