En las denuncias, que se convertirán en querellas criminales, se acusa a las mencionadas autoridades de ser los responsables de la detención ilegal del alcalde de Soto del Real y de los policías locales que, bajo sus órdenes, trataban de impedir las obras en la finca donde el Ministerio de Justicia pretende construir una cárcel.

Asimismo, se recogen denuncias de malos tratos contra los detenidos por parte de las fuerzas de orden público que "realizaron una carga desmesurada y rompieron la vara de mando al alcalde, símbolo de la única autoridad que se encontraba en ese momento en el lugar de los hechos". La federación madrileña del CDS acordó hoy regalar una nueva vara de mando al alcalde.

El portavoz del CDS en el Parlamento nacional, José Ramón Caso, que acompañó al alcalde en su encuentro con la prensa, explicó que su grupo ha solicitado una comparececencia del ministro de Interior, José Luis Corcuera, en la Cámara Baja, por consierarle responsable de permitir que se conculque la legalidad en materia de orden público.

Sobre el mismo asunto, los centristas han solicitado la comparecencia del ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, para que explique las razones de su empeño en construir en Soto una cárcel, saltándose, según el CDS, todos los trámites legales en materia urbanística y medioambiental.

A juicio de José Ramón Caso, el Gobierno central tendrá que dar explicaciones, porque puede haber sanciones de la Comnidad Europea, ya que el Tratado de Maastricht impone altos niveles de protección medioambiental en los países miembros.

Según los centristas, también se ha vulnerado el principio europeo que acerca el poder a los ciudadanos, con la actuación de las fuerzas de orden público contra los vecinos y los poderes locales.

El primer edil de Soto aseguró que en breve el Ministerio de Justicia tendrá que parar las obras de construcción de la cárcel, al menos hasta que se realice un informe de impacto mediombiental, ya que "la Unesco ha declarado la zona de la Cuenca Alta del Manzanares reserva de la biosfera y la finca donde pretenden construir el penal está en ese área".

Eladio Navarro, que saldrá hacia Estrasburgo el próximo lunes por la mañana para denunciar ante la Comisión del Parlamento Europeo la agresión medioambiental que a su juicio constituye la construcción de la cárcel, explicó que si los trámites judiciales no paralizan las obras, él mismo procederá de nuevo a ordenar un precinto hasta qu se realice el estudio de impacto ambiental.

SOLO OCURRE CON LEGUINA

Para el dirigente local de Soto, "en cualquier otra comunidad autónoma no hubiera ocurrido lo que está pasando en Soto, el ministerio no habría iniciado las obras sin autorización y la carga de la Guardia Civil tampoco se habría ordenado, pero con un presidente como Joaquín Leguina no podemos esperar otra cosa".

Eladio Navarro cree que otro presidente regional se habría acercado a ver a los alcaldes madrileños que fueron detendos, pero "Leguina no es un señor", dijo.

El alcalde de Soto asegura que el problema de la cárcel se va a tratar el martes en la Asamblea de Madrid, durante el "debate sobre el estado de la región" y ha anunciado una concentración ante el Ministerio de Justicia para el próximo 3 de diciembre.

Las asociaciones de vecinos y los restantes colectivos ciudadanos de Soto y de los municipios de la sierra norte de Madrid contrarios a la construcción de la cárcel han convocado, para mañana a las 13 horas,un acto multitudinario de desagravio a Eladio Navarro y contra la construcción de la cárcel, que se convertirá en una marcha hacia la finca donde se ubicará la instalación.

Mientras tanto, las máquinas siguen trabajando en las obras de construcción del penal y miembros de la Guardia Civil continúan, desde el jueves, custodiando la zona. Según Navarro, los obreros trabajan hasta altas horas de la madrugada y también en jornada festiva.