EL ALCALDE Y SEIS CONCEJALES DE ALBOLOTE (GRANADA), JUZGADOS POR UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACION, QUE CAUSO DAÑOS ECOLOGICOS

GRANADA
SERVIMEDIA

El alcalde socialista de la localidad granadina de Albolote, Franciso Ocete, dos concejales y tres ex concejales se sentaron hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial, por un supuesto delito de prevaricación, que llevó aparejados daños ecológicos, por el que la Federación Ecopacifista de Granada pide 8 años de inhabilitación para el primer edil y 6 para el resto de los procesados.

El alcalde y el resto de los encausados están acusados de autorizar l explotación de unas canteras en una zona especialmente protegida por la normativa vigente a nivel provincial.

Mientras el ministerio fiscal no presentó hoy acusación, al estimar que no quedó acreditada la comisión de un delito, que exige la "perpetración de acciones mucho más palmarias y graves", los ecologistas consideran que los procesados son los autores de un delito de prevaricación.

En este sentido, la acusación señala que "gracias al voto favorable de los encausados, el Ayuntamiento de Alblote concedió en el pleno de julio de 1989 a una empresa privada la autorización para la extracción de árido de una cantera de Sierra Elvira" para las obras de construcción de la autovía del 92.

El abogado de los acusadores lamentó "la ignorancia de los ciudadanos e incluso de los responsables de la Administración acerca de cuestiones medioambientales, que al parecer sólo son conocidas por mis patrocinados".

Según se expuso en el juicio, tanto la Agencia de Medio Ambiente como la Consejería de Foento y Trabajo remitieron al Ayuntamiento alboloteño sendos informes ordenando la paralización de la actividad, que sin embargo no quedó suspendida hasta un año más tarde y porque las obras a las que iba destinada la arena finalizaron.

El alcalde de Albolote señaló que la delegación de Obras Públicas instaba a la corporación a continuar los trabajos so pena de perjudicar un proyecto de importancia vital para la provincia.

En el juicio, que quedó visto para sentencia, declaró el titular de la consjería en Granada, Pedro Julián Lara, y el ex delegado de Economía y Hacienda, Pedro Serrano, cuyo departamento llegó también a instruir un expediente por este caso.

Los seis inculpados coincidieron en que la aprobación de la concesión en pleno municipal fue rutinaria y que no sólo no tenían conocimiento de que la misma contraviniera una norma lagislativa, sino incluso tampoco de la existencia de las denuncias ecologistas.

(SERVIMEDIA)
14 Jun 1994
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