El origen de esta vista oral radica en el pago, con cargo al presupuesto municipal, de la multa impuesta por la Delegación del Gobierno de Cantabria al alcalde y los ediles de la UPCA por su participación en un corte de carretera, junto a otros vecinos, el 30 de agosto de 1992, así como de los gastos originados al contratar un abogado y un procurador para entablar un contencioso administrativo contra esta decisión.

José Manuel Becerril, junto con su grupo de concejales, aprobó en plenoel abono de la cantidad de 1.750.000 pesetas correspondiente a la multa, pero un primer recurso de reposición presentado por los socialistas obligó a la corporación a presentar un informe favorable de la interventora del Ayuntamiento, que justificaba la presencia de los ediles en la concentración con el fin de "evitar cualquier tipo de riesgo".

El fiscal considera como delito de prevaricación el pago de esta multa a cargo del presupuesto municipal e indica que el informe de la interventora se realizó para dar apariencia de legalidad", motivo por el cual será juzgada en la misma vista en calidad de cómplice.

José Manuel Becerril une a su condición de alcalde de Reocín y de diputado regional en la Asamblea regional la de asesor del presidente Hormaechea.