Barroso, quien declaró hoy ante el juez como imputado por un delito de injurias contra la Corona por llamar al Rey "hijo de la crápula", señaló que los "escarceos amorosos" del monarca no le "parecen mal", pero con lo que no está de acuerdo es con que "se lo paguen con los fondos reservados del Estado como se acredita en más de un libro".

El alcalde declaró hoy ante el juez por las declaraciones que hizo en un acto conmemorativo del 77 aniversario de la Segunda República, que tuvo lugar en la localidad gaditana de Los Barrios el pasado mes de abril.

En aquel discurso, Barroso dijo que "al Borbón, si algo había que aplicarle, sería la Ley de Extranjería, y no a ningún emigrante que viene a construir este país" y añadió que al Rey "aunque no le colguemos con los intestinos de los obispos, lo tendremos que echar, más temprano que tarde, de forma democrática".

El delito de injurias graves contra la Corona está tipificado en el Código Penal y castigado con penas que van desde los seis meses hasta los dos años de multa.

Tras la declaración del edil, Grande-Marlaska decidió transfomar la investigación en procedimiento abreviado y dar al fiscal encargado del caso, Pedro Rubira, un plazo de 10 días para que decida si solicita la apertura de juicio oral contra el alcalde Barroso o, por el contrario, pide el archivo de las actuaciones.

El auto dictado por Grande-Marlaska señala que los hechos "revisten ahora, y sin perjuicio de ulterior calificación, los caracteres de un delito de injurias graves al Rey, concurriendo indicios racionales de criminalidad en la persona de José Antonio Barroso".

Para Grande-Marlaska, las manifestaciones del alcalde "transcienden el ejercicio legítimo del derecho de libertad de expresión, incluso política" y son desproporcionales "a los fines de la crítica" o de incluir "la institución monárquica dentro del debate público".

BANDERAS REPUBLICANAS

El alcalde Barroso llegó a la sede de la Audiencia Nacional acompañado por el número dos del Partido Comunista, Felipe Alcaraz, así como por una veintena de personas que portaban pancartas y banderas tricolores y corearon lemas como "España, mañana, será republicana". El edil se despidió de sus compañeros con el grito "salud y república".

Una vez en el despacho de Grande-Marlaska, Barroso explicó al juez que las expresiones vertidas contra el Rey se enmarcaron dentro del "ejercicio de su libertad de expresión" y añadió que no tenían "ninguna intencionalidad", según relató a la salida de la Audiencia Nacional el abogado del alcalde, Enrique Santiago.

En este sentido, el alcalde gaditano aseguró que sus manifestaciones no eran "cosecha propia" sino que estuvieron basadas en "unas referencias históricas sobre la condición personal y familiar de los distintos miembros de la Familia Real española" que vienen recogidas en "libros, tratados y estudios históricos".

A su salida de la Audiencia Nacional tras declarar ante el juez, Barroso valoró su imputación en la causa por ser un cauce "para abrir el debate republicano" así como "sobre la naturaleza del ciudadano Juan Carlos de Borbón y su entorno familiar y empresarial".

El regidor quiere que se conozcan "todas las andanzas" del monarca porque, "desgraciadamente, la visión que del rey y de su familia se tiene es un poco de novela rosa, no se corresponde en absoluto con la realidad".

"Tiene que explicar a los españoles porque su fortuna es la cuarta fortuna de España y cual fue su verdadera implicación en el golpe de Estado del 23-F", señaló.

CRÍTICAS AL PSOE

El regidor aseguró que en España "existen unas fallas democráticas" porque "no se puede hablar del Rey ni de sus negocios, ni de su fortuna de origen desconocido". "Me siento absolutamente deshonrado por el Rey", dijo.

Además, acusó a la dirección del PSOE de haberse convertido en el "principal blindaje" del Rey, en "un cinturón de seguridad que impide que la libertad de expresión y la investigación lleguen a penetrar".

"Hoy se está poniendo la primera piedra para que todo los españoles sepamos quién nos preside y cual es su condición", concluyó Barroso.

Por último, el letrado Santiago anunció su intención de recurrir el auto y pedir "el archivo inmediato" de las investigaciones "al entender que no existe ningún delito de injurias graves al jefe del Estado".

Si finalmente se decide llevar a juicio a Barroso, su abogado pedirá la práctica de diferentes pruebas, como la comparecencia de "peritos e historiadores" para acreditar "que las afirmaciones del alcalde tienen una base histórica acreditada y que en absoluto pretendían más que abrir un debate sobre la elegibilidad de la jefatura del Estado"