Marisa Arrúe, portavoz del PP en Getxo, explicó a Servimedia que éste es uno de los datos que se extraen de la investigación que ha elaborado su partido sobre las ayudas que el Gabinete de Getxo viene concediendo en los últimos años a los allegados de los reclusos de la banda terrorista.

Arrúe señaló que su partido quiere trasladar a la sociedad una "denuncia pública" sobre la concesión de estas ayudas, respecto a las cuales los populares están estudiando recurrir, incluso, a los tribunales.

En este sentido, la portavoz del PP aseguró que su formación quiere que el dinero que se da al entorno de los presos de ETA se destine a familias realmente necesitadas, algo a lo que se ha venido negando el gobierno local, que integran el PNV y EA.

MILES DE EUROS ANUALES

A este respecto, la representante popular destacó que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que estimó irregular que el Gobierno de Juan José Ibarretxe financie los desplazamientos de las familias de los presos de ETA, ya que no se trata de una competencia autonómica.

A pesar de esto, Arrúe destacó que en los últimos años el Ayuntamiento de Getxo ha aprobado partidas para costear estos desplazamientos a las prisiones. En concreto, en 2001 se destinaron a este fin 11.000 euros, mientras que en 2002 fueron más de 15.000, 19.000 en 2003 y sólo 2.430 en 2004.

La portavoz popular remarcó que la caída en 2004 de las ayudas para este fin cabe atribuirla a que desde ese ejercicio y tras las denuncias de algunos partidos, el Consistorio comenzó a exigir a los familiares de los presos de ETA que presentasen justificantes de sus viajes a las cárceles.

Esto supuso, en la práctica, que allegados de reclusos etarras pasaron de cobrar 1.400 euros a 180, mientras que en otro caso se pasó también de unos 1.400 a 780. Arrúe explicó que esta disminución cabe achacarla a la demanda de facturas a los beneficiarios de las subvenciones.