Se trata de incentivos a las empresas que suministran servicios municipales, que se beneficiarán de créditos si tienen trabajadores con discapacidad en plantilla o subcontratan los servicios de compañías que los tengan.

Dichos créditos ascenderán al 0,5% del montante del concurso público al que se presenten si las empresas tienen entre el 2% y el 5% de personas con discapacidad en plantilla, del 1% si tienen entre el 6% y el 10%, y del 2% si superan el 11%.

Los créditos no podrán aplicarse al concurso que da derecho a su obtención, sino a aquellos a los que el proveedor se presente posteriomente.

Esta medida se suma a otra adoptada en 2002, por la que se creó una certificación para las empresas gestionadas por personas con discapacidad, mujeres y minorías raciales, con el fin de que tuvieran prioridad en la adjudicación de concursos públicos de suministro de servicios al ayuntamiento.