Esta decisión del tribunal ha sido acogida favorablemente por el Colegio de Abogados de Madrid, que había impugnado el recurso del fiscal considerando que la administración no puede en ningún caso interferir las comunicaciones entre los letrados y sus clientes, ya que se vulnera el derecho de defensa.

Luis Martí Mingarro, decano de los abogados deMadrid, expresó hoy su satisfacción por la resolución judicial que, en su opinión, confirma la tesis del colegio de que es "insoportable e insostenible para el derecho de defensa la existencia de dispositivos de escucha de las conversaciones entre abogado y cliente".

El decano insistió en que nadie puede interferir la conversación entre abogado y cliente salvo si lo autoriza el juez y anunció que el colegio de abogados estará muy atento para que se desmonten los dispositivos de grabación existentes enlos 18 locutorios de la citada prisión con el fin de que los abogados y clientes puedan "hablar libremente sin sombra de sospecha de que su conversación está siendo grabada".

Martí Mingarro, que afirmó que espera no tener que exigir ninguna garantía para que sean destruídos los micrófonos, anunció que el Colegio de Abogados de Madrid estudia la posibilidad de hacer aplicar esta resolución judicial a otras cárceles madrileñas y del país porque "no tiene sentido que haya una Constitución ni un tratado d derechos fundamentales si hay alguien que puede escuchar lo que le dice un cliente a su abogado".