Alborch dijo que este asunto no debe servir para "alimentar planteamientos de confrontación y de agravios comparativos entre comunidades autónomas, que en nada benefician la convivencia democrática en la que estamos comprometidos todos los españoles".

La titular de Cultura, que hizo estas reflexiones al contestar a una pregunta de senador del PP Julián Lanzarote, reiteró que en el caso del Archivo Histórico Nacional de Salamanca el Gobierno es partidario de reestablecer a las instituciones democráticas que así lo han solicitado aquellos documentos propios que les fueron incautados en la Guerra Civil y en los años posteriores del franquismo, sin que esta medida suponga en modo alguno la desaparición del archivo salmantino.

Tras calificar de "legítima" la petición de la Generalitat catalana, Alborch reconoció que la decisión finl sobre el traslado es compleja y presenta dificultades técnicas y de índole "sentimental y simbólica".

La ministra explicó que se está reuniendo con conocidos expertos en la materia para encontrar una solución consensuada, técnicamente correcta y "respetuosa con las distintas sensibilidades".

Por su parte, el senador del PP defendió la necesidad de que el archivo continúe en Salamanca y recordó que semanas atrás más de 50.000 salmantinos se manifestaron en contra del traslado acordado por el Goberno.