El fiscal acusó a los dos primos y a los empresarios Alvaro Alvarez y Rafael Montes de un delito de falsedad en documento mercantil como medio para cometer otro de apropiación indebida en relación con la venta de los terrenos situados en la Plaza de Castilla de Madrid, donde luego se ubicaron las llamadas "Torres Kio", también conocidas como "Puerta Europa".

El juez decidió el psado 3 de marzo decretar la apertura del juicio oral y trasladar la causa a la sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, donde tendrá lugar la vista oral, así como imponer la fianza a los cuatro imputados. Además, declaró responsables civiles subsidiarios a las empresas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Corporación Financiera Ibérica, ambas dirigadas por "los Albertos" en el momento en que se produjeron los supuestos delitos.

Los presuntos hechos delictivos son la venta en ener de 1988 de la sociedad Urbanor al grupo Kio. Los "Albertos", en combinación con los otros dos imputados, se habían hecho previamente con el 54 por ciento de Urbanor, que tenía en propiedad los terrenos de la Plaza Castilla.

Según el fiscal, Alberto Cortina y Alberto Alcocer negociaron en Londres con el Grupo Kio la venta de Urbanor por un importe mucho mayor que el que comunicaron a los pequeños accionistas. Este beneficio no comunicado a los dos principales accionistas (Promotora de Negocios Astor SA. y Construcciones San Martín S.A.) sería aproximadamente de unos 4.080 millones de pesetas, cantidad que el juez fijó como responsabilidad civil.

Finalmente, los abogados de los dos primos anunciaron que se querellarán contra las dos empresas arriba citadas, que poseían un 43,7 por ciento del capital de Urbanor y se querellaron contra "los Albertos" al sentirse estafados por su actuación.