La ministra entiende que no es anticonstitucional el artículo 21.2 de la ley, por el que se comisiona al ACNUR a informar sobre expedientes de expulsión, y que para ciertas organizaciones no gubernamentales (ONGs) e IU no garantiza la tutela judicial efectiva a los solitantes de asilo.

Igualmente, Alberdi opin que la detención que puede padecer un solicitante de asilo en un centro fronterizo, y que puede prolongarse de cuatro a siete días mientras espera la respuesta de la Administración, se ajusta a la Carta Magna.