Este estudio fue presentado por el Cermi Estatal de la mano del sociólogo experto en discapacidad Agustín Huete García este jueves en el I Congreso Estatal de Juventud con Discapacidad que se está llevando a cabo en Zaragoza.

El estudio es una actualización de los informes sobre ‘Jóvenes con discapacidad en España’ realizados por el Cermi en 2010 y 2016, que aborda las dimensiones fundamentales relacionadas con la realidad de las personas con discapacidad entre los 15 y los 30 años. “Un conocimiento que ha servido como referencia para orientar el diseño de diversas políticas públicas e intervenciones sociales específicamente orientadas a la población joven con discapacidad en España”, tal y como indicaron representantes de la entidad.

En concreto, en el informe referido a este año se abordan las barreras y obstáculos al empleo, vivienda, independencia económica, así como la exposición a determinadas situaciones de riesgo a las que se enfrentan los jóvenes como uno de los grupos sociales especialmente vulnerables a la exclusión y en particular los jóvenes con discapacidad.

En este sentido, Huete García destacó que la inclusión de la juventud con discapacidad presenta “desafíos más apremiantes que solo se pueden encarar con conocimiento detallado de su realidad de partida” y añadió que “este propósito es al que Cermi responde ofreciendo la cartografía más amplia sobre jóvenes y discapacidad disponible”.

Además, lamentó que “las personas jóvenes con discapacidad pueden percibir un menor grado de participación, debido a múltiples factores de inequidad” y advirtió de que los elementos clave para avanzar hacia mayores niveles de inclusión sociolaboral de las personas jóvenes con discapacidad pasan por realizar ajustes razonables en educación, empleo, salud y protección social, así como la inclusión de acción intersectorial.

Como propuestas para facilitar la transición a la vida adulta y la inclusión social de personas jóvenes con discapacidad, el informe expone, entre otras cosas, la necesidad de políticas activas de empleo promovidas por la administración pública, erradicar las barreras de accesibilidad mediante soluciones innovadoras y garantizar una experiencia integradora e inclusiva para el alumnado con discapacidad, en especial en el ámbito universitario.