Así lo indicó en la presentación del ‘Informe sobre los Proyectos y Líneas Fundamentales de los Presupuestos de las Administraciones Públicas para 2023’, incluidas comunidades autónomas y ayuntamientos en la que compareció junto con el director de la división de Análisis Presupuestario del organismo, Ignacio Fernández-Huertas, y la directora de la división de Análisis Económico, Esther Gordo.

Herrero insistió en su mensaje de que los presupuestos nacen “viciados” ya que se incluyen previsiones de ingreso y de gasto en las que falta “realismo” pues no se incluyen determinadas partidas de ingresos y gastos relacionados con la crisis energética.

En este sentido, subrayaron que el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas viene contemplado para entrar en vigor en 2022 y recaudar en los dos próximos ejercicios 1.270 y 1.370 millones de euros respectivamente, aunque estos ingresos no vienen reflejados en las cuentas del Ejecutivo, que, además, prevé una recaudación mayor que la estimada por la Airef, de 1.500 millones en cada ejercicio.

Sobre el impacto de las medidas, indicaron un 24% de las ayudas se concentra en los dos deciles más bajos de renta mientras que los dos más altos concentran un 2,5% de los importes. No obstante, de manera individual, Fernández-Huertas indicó que las ayudas al gas y al combustible están sesgadas hacia “las rentas más altas”, mientras las ayudas al sector de transportes están guiados “por un patrón de carácter territorial”.