En un comunicado, Air Madrid acusó Fomento de hacer "un uso arbitrario e injusto" de sus atribuciones, hasta el punto de destruir totalmente su imagen de marca y situar a la compañía en una situación en la que es imposible desarrollar su actividad.

La aerolínea presidida por José Luis Carrillo acusa al Gobierno de haber generado progresivamente "una alarma social absolutamente injustificada", lo que, a su juicio, ha producido que "este prejuicio se extienda a la opinión pública".

Para Air Madrid, "estas actuaciones distan mucho de ajustarse a la conducta que la Administración Pública debe mantener en un Estado de Derecho, en el que supone que la actuación de todos, incluido el Ministerio de Fomento, está sometida a la Ley".

La compañía también argumenta que estos "gravísimos hechos" han significado un considerable descenso del nivel de venta de billetes. Como ejemplo, señala que las ventas en Buenos Aires han bajado de unos 1.000 billetes diarios a unos 40 ó 50.

Entre los atropellos que, según Air Madrid, han cometido las autoridades españolas, destaca que Aviación Civil organizase "un reparto de octavillas entre los pasajeros en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en las que se afirmaba oficialmente que el Ministerio de Fomento tiene abierto expediente a la aerolínea."

Esta nota añadía que "el pasajero deberá valorar la conveniencia o no de iniciar viajes de ida cuyo vuelo de regreso con Air Madird estuviera previsto para diciembre de 2006".

"El Ministerio de Fomento ha conseguido con su actuación imposibilitar de forma absoluta que Air Madrid pueda continuar operando", sentencia el comunicado de la compañía.