Esta petición, expresada por Pérez Ocaña en declaraciones a Servimedia, se produce un día antes de que se cumpla un año desde que la aerolínea dirigida por el empresario turístico José Luis Carrillo, propietario de Optursa Management, decidiera suspender actividades.

El abogado explicó que aún se encuentra en periodo de aceptación de adhesiones la propuesta de convenio presentada por los ex gestores de Air Madrid para evitar la liquidación de la compañía en el marco del proceso concursal que se desarrolla en el juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid.

Según dicha propuesta, José Luis Carrillo se compromete a devolver íntegramente el importe de los billetes de los pasajeros que se quedaron sin volar en el plazo de un año desde la aprobación definitiva del convenio.

Para el resto de acreedores, entre los que se encuentran agencias de viajes, empresas energéticas, el Ministerio de Fomento, la Agencia Tributaria o la administración concursal, Carrillo se compromete a devolver el 50% de que debe la compañía en el plazo de 5 años, adelantando un 10% de dicha cantidad en un primer pago a realizar a los dos años.

Para que la propuesta de Carrillo se pudiera llevar a cabo debe ser apoyada por acreedores que representen, al menos, el 50% de lo debido por la aerolínea, que ronda los 100 millones de euros.

El plazo de adhesión al convenio concluirá 10 días más tarde de la presentación por parte de la administración concursal del informe sobre la liquidación de la aerolínea. Pascual Pérez adelantó que los administradores podrían presentar dicho informe durante el próximo mes de enero, por lo que el plazo de aceptación se acerca a su fin.

Según el abogado, unos 16.000 del total de 35.000 afectados han firmado ya su adhesión al convenio aunque, al tratarse en su mayoría de pasajeros, están todavía lejos de representar el 50% de lo que debe Air Madrid.

Pese a ello, la compañía está manteniendo conversaciones con el resto de acreedores y espera que algunos de ellos puedan sumarse finalmente a la propuesta de Carrillo y Pérez Ocaña está convencido de que si Fomento decide aceptar dicha propuesta se podrá alcanzar el mínimo necesario para su aceptación.

FOMENTO ESTUDIA ADHERIRSE

Por su parte, un portavoz de fomento consultado por Servimedia explicó que el Ministerio, al igual que la Agencia Tributaria y la administración concursal (organismos estatales a los que les debe dinero Air Madrid) están analizando la posibilidad de adherirse al convenio y que mantienen conversaciones a este respecto.

En el caso de Fomento, la deuda de Carrillo asciende a 6,8 millones de euros, cuantía que destinó el departamento de Magdalena Álvarez al dispositivo especial de vuelos organizado por el ministerio para transportar a unos 6.500 afectados por la suspensión de actividades de la aerolínea.

En el Ministerio se debate la situación ya que, aunque por una parte se podría favorecer a más de 30.000 afectados, por otra el Estado debería renunciar a 3,4 millones de euros.

Según el abogado de Air Madrid, el convenio "es la mejor solución para todos" ya que si finalmente se rechaza y se lleva a acabo la liquidación de la compañía, el activo de Air Madrid asciende únicamente al 3% de lo debido, ya que en ese caso Carrillo no respondería con su patrimonio, tal y como se ha comprometido a hacer con el convenio.

DENUNCIA POR ESTAFA

Por otro lado, en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está pendiente el recurso de apelación de la Organización de consumidores y Usuarios (OCU) al archivo de la denuncia por estafa a los ex gestores de Air Madrid, que fue rechazada por el juez Fernando Grande-Marlaska.

"Creemos que había fraude y estafa", pues cuando Air Madrid anunció que dejaba de operar hubo "engaño y perjuicio patrimonial" para los clientes de la compañía, comentó el director de la OCU, José María Múgica, a Servimedia.

Por ello, recomienda a los afectados no aceptar la propuesta de convenio presentada por Air Madrid, ya que haciéndolo pierden el derecho a posibles indemnizaciones por estafa a las que deberían hacer frente los ex gestores.

Finalmente, otra vía es la emprendida por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) que ha presentado una demanda por la presunta responsabilidad del ministerio de Fomento en la suspensión de actividades de Air Madrid.

Esta asociación considera que existió una dejadez de funciones por parte de Fomento al no supervisar el cumplimiento de la normativa comunitario por parte de Air Madrid, ni garantizar los derechos de los pasajeros que se vieron seriamente perjudicados.

Coincidiendo con este primer aniversario, concluye también el plazo para presentar las reclamaciones previas de responsabilidad patrimonial del Estado.