AINCO preentó una querella el pasado mes de noviembre contra Salinas y el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, después de que el instructor se quejara de la labor obstruccionista llevada a cabo por el ministerio público en la instrucción de la causa.

Según informó a Servimedia un portavoz de la asociación, la denuncia impide que el fiscal querellado pueda comparecer en los interrogatorios o inmiscuirse en la práctica de diligencias mientras no exista una resolución judicial.

Sin embargo, Antonio Slinas solicitó a Barbero a principios de mes que citara a nuevos testigos a declarar, petición que fue atendida por el magistrado que a partir de la próxima semana comenzará de nuevo los interrogatorios a cerca de 20 personas relacionadas con las empresas vinculadas a Filesa.

AINCO teme que si las declaraciones se producen en tales circunstancias serían nulas y los abogados de los querellados "se guardarían esa carta hasta el momento previo del juicio oral para pedir la nulidad de las posibles pruebasobtenidas durante los interrogatorios".

Por ello, el comité permanente de la asociación ha decidido retirar la querella aplicando el apartado 11 del artículo 8 del Código Penal, que contempla la eximente de toda responsabilidad criminal a quienes infringen las leyes en cumplimiento del deber.

La asociación entiende que Salinas actuó siguiendo expresas instrucciones recibidas por el fiscal general, contra quien sí mantiene la querella, en cumplimiento del deber que le impone el principo de dependecia jerárquica recogida en el estatuto del ministerio fiscal.

De hecho, AINCO dice haber observado un cambio de actitud en el fiscal desde que el pasado 16 de diciembre prestara declaración el diputado socialista Carlos Navarro, al que interrogó, a su juicio, cumpliendo su papel de defensor de los intereses de la sociedad.

El cambio se ha visto además ratificado con la solicitud de la práctica de estas nuevas pruebas que las acusaciones consideran imprescindibles para el esclarecimiento de los hehos.

La asociación permanece mientras tanto a la espera de que el juez Barbero resuelva el recurso presentada contra la providencia en la que declaró la inadmisión de las nuevas pruebas solicitadas por AINCO.