En nuestro país la pena capital se abolió en 1978, aunque no totalmente, ya que la Constitución española declara "abolida la pena de muerte con la única excepción de lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempo de guerra". La última ejecución que se practicó fue en 1975.

La primera Cámara en contestar a la campaña de AI ha sido la de La Rioja, que el pasado mes de marzo aprobó una resolución por la que solcita al Parlamento de la nación que "estudien la fórmula parlamentaria adecuada para conseguir la plena abolición de la pena de muerte en nuestro país, con la supresión de su referencia en el Código Penal Militar".

En esta resolución, el Parlamento riojano recuerda otra del Parlamento Europeo en la que se aboga por la abolición en las legislaciones de los estados miembros, "tanto en casos extraordinarios como en tiempo de guerra o excepción", y que en la mayoría de los países de la UE ha sido abolida anto en la legislación civil como en la militar.

Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del vasco decidió hace un año consensuar un texto para enviarlo al Congreso, en el que se pronuncia en el mismo sentido. AI informó a Servimedia que próximamente iniciará contactos con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y el Parlamento de Cataluña.

"Una vez que hayamos conseguido un número respetable y representativo de pronunciamientos, buscaríamos la fórmula para intentr comparecer en alguna comisión del Congreso de los Diputados para presentar una propuesta nuestra", explicaron las fuentes de AI.

Según Amnistía, en la actualidad la propuesta abolicionista está siendo apoyada por todos los partidos, en contra de experiencias anteriores sin éxito, ya que cada vez que una formación política lo llevaba al Parlamento "las demás votaban en contra".