Según denuncian las organizaciones, España continúa vendiendo armas a países que no cumplen el Código de Conducta de la Unión Europea, según el cual no se debe vender armamento a países en guerra, con embargo o que violan los derechos humanos.

La realidad, aseguran, es que el año pasado España exportó armamento a países en conflicto, como Colombia o Israel, a países con algún tipo de embargo o restricción en la importación de armas, como Sudán o Ghana, y a países donde no se respetan los derechos humanos, como Arabia Saudí.

En este sentido, el informe elaborado por las tres organizaciones en colaboración con la Escuela Cultura de Paz, señala que más del 30% de los destinos de armas españolas vulneran ese Código de Conducta de la UE.

"Al menos un 30% de las exportaciones españolas de armamento son las que llegan a destinos equivocados", aseveró Eva Suárez, de Greenpeace, quien reclamó una ley "que termine de una vez por todas con estos casos".

Tras diez años de campaña por el control de las armas, las ONG reconocen algunos avances en materia de transparencia en la información y de detalle en cuanto a los datos que se ofrecen. Sin embargo, añaden, España sigue estando muy lejos de las mejores prácticas de otros países. "Se han registrado avances pero son claramente insuficientes", subrayó Yolanda Román, de Amnistía Internacional.

Uno de los puntos débiles del Gobierno español es la deficiente información que ofrece sobre las armas ligeras y pequeñas, que causan el 90% de las muertes por arma de fuego en el mundo, añade el documento.

El objetivo del acto de hoy frente al Ministerio de Comercio, explicó Suárez, es devolverle al ministerio las armas "que nunca debían de haber llegado a destinos como Colombia, entre ellas, bombas, cohetes y misiles por un valor de un millón de euros".

Al término del acto, los responsables de las tres organizaciones hicieron entrega de una carta dirigida al ministro de Industria y Comercio, José Montilla, en la que reclaman una reunión para avanzar en el control de armas.

"Exigimos al Gobierno español una ley que ponga freno a este tipo de exportaciones irresponsables y que juegue un rol menos pasivo sobre esta materia en el ámbito internacional", concluyó Ricardo Magán en nombre de Intermón Oxfam.