AI resaltó además su "inquietud por el hecho de que los procesados no han tenido acceso a un abogado defensor de su elección y a que se mermen sus posibilidades de defensa, al no permitir la entrada en el país al principal testigo de la defensa, amén de que no se ha autorizado la asistencia de observadores internacioales al juicio".

En opinión de Amnistía, esta conducta de la Administración guineana es una clara violación de las normas internacionales que establecen el derecho de toda persona a ser juzgada con las debidas garantías (artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por Guinea Ecuatorial).

AI ha enviado un télex en esto términos al presidente Obiang N'Guema y está siguiendo con atención, desde su Departamento de Investigación, la evolución de los acontecimientos paa adoptar las medidas pertinentes.

Juan María Bandrés, abogado para la defensa escogido por Vilarrasa, viajó a Guinea la semana pasada junto a la hermana del empresario, pero ambos fueron expulsados por las autoridades guineanas por "carecer de visado".