AI basa su posición negativa en los testimonios obtenidos sobre el comportamiento de los militares israelíes, que practican las detenciones arbitrarias, las tortura y los malos tratos a civiles palestinos durante los interrogatorios.

Por todo ello, AI ha hecho un llamamiento al Gobierno de Israel para que ofrezca garantías de que va a acabar con esta situación y realizar en adelante juicios justos.

AI dice qu cada año, los israelíes juzgan a millares de palestinos de acuerdo con este sistema judicial, en el que muchos son procesados por realizar actos políticos no violentos, como el de izar la bandera palestina.

Otro motivo de preocupación que denuncia AI es el largo período de incomunicación que sufren los detenidos tras los arrestos, en los que una persona puede permanecer hasta 18 días en prisión o comisaría sin comparecer ante un juez.

Además, es costumbre entre los militares judíos el negar a lo familiares y abogados del detenido el permiso correspondiente para que puedan visitarle.

Sobre las torturas descritas por AI, figuran el encapuchamiento sistemático del acusado con sacos sucios, la privación de sueño y alimentos, y con frecuencia, el encadenamiento en posturas antinaturales.

Las palizas en todo el cuerpo, incluidos los genitales, la reclusión en pequeños y fríos espacios, que los detenidos denominan indistintamente "ataudes" o "frigoríficos", son prácticas que practican como casigo y para obtener información o confesiones.

DIRECTRICES OFICIALES

Para AI, lo grave es que "existan unas directrices oficiales que permiten la 'presion física moderada' durante los interrogatorios", que una comisión de investigación sobre las prácticas en los interrogatorios formuló en 1987; una comisión que presidía el juez Moshe Landau y cuyos resultados aprobó el Gobierno israelí.

Por ello, la organización de derechos humanos ha solicitado al Gobierno israelí que aborde urgentemente esta cestión con medidas que incluyan la publicación de esas directrices secretas.

Además, los jueces son reacios a investigar las denuncias obtenidas por coacción, cuando las declaraciones, a menudo obtenidas mediante torturas, constituyen las pruebas fundamentales contra los acusados.

Según comprobó un observador de AI, que asistió a varios de estos juicios, jueces y fiscales ejercen a menudo una presión indebida sobre los acusados para que se declaren culpables a cambio de condenas menos severas y fnalizar lo antes posible con los procesos.

Por el contrario, los retrasos en los juicios son crónicos debido a la incompetencia como, por ejemplo, el no hacer comparecer a juicio a testigos de cargo o de la defensa, porque se pierden expedientes o faltan abogados defensores, a los que no notifican la fecha de celebración de las vistas.