En los último 2 años, la organización defensora de los derechos humanos ha recibido información sobre centenares de casos de tortura, en muchos de los cuales murieron las víctimas.

Sin embargo, las denuncias de torturas presentadas ante las autoridades "son rara vez investigadas por los tribunales y casi nunca se procesa a los torturadores", lo que para AI "fomenta los abusos en la práctica".

Las palizas y las patadas brutales, la semiasfixia con agua o con bolsas de plástico, la introducción de agua mineral on gas, mezclada con pimienta, en la nariz y las descargas eléctricas son los principales métodos empleados, según Amnistía Internacional.

Las víctimas de la tortura en Méjico pertenecen a casi todos los sectores sociales, asegura la organización mundial: personas detenidas por motivos políticos, por disputas sobre tierras, activistas de derechos humanos, defensores de los indígenas, sindicalistas, abogados y presuntos delincuentes.

"Hasta los niños se han visto sometidos a torturas brutales", afrma AI en su informe. Según la organización, "esta atroz persistencia en las violaciones está en clara contradicción con el compromiso tantas veces expresado por el Gobierno en la defensa de los derechos humanos".

"En los juicios en que los testimonios médicos, o de otro tipo, apoyan claramente las denuncias de los detenidos, los jueces deciden con frecuencia que ello no atañe a la confesión y se niegan a iniciar investigaciones", asegura AI.

LLAMAMIENTO AL GOBIERNO MEJICANO

La asociación humantaria pidió urgentemente al Gobierno mejicano que "los tribunales investiguen todas las denuncias de tortura y que los responsables comparezcan ante la justicia para garantizar que no se tolerarán ya esos abusos".

En mayo de 1990, el alcalde de Aguililla (Estado de Michoacán) se presentó en la sede local de las fuerzas de seguridad para quejarse ante el comandante de las violaciones de derechos humanos que se cometían durante las operaciones contra el narcotráfico en su región.

Los agentes de polcía le vendaron los ojos, le golpearon, le dieron patadas, le pisotearon y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza mientras le daban puñetazos en rostro y abdomen.

Fue liberado sin cargos 7 meses después a consecuencia de las protestas internacionales. "Las investigaciones judiciales que se iniciaron tras su liberación han sido totalmente inadecuadas y sus torturadores siguen en libertad", denunció AI.

Más recientemente, en el pasado mes de julio, un cirujano y activista de derechos humano, Víctor Manuel Oropeza, murió por arma blanca en su consulta, al parecer después de ser torturado, en el Estado de Chihuahua.

Oropeza había recibido amenazas de muerte por publicar artículos en la prensa local denunciando las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad.

Sus familiares, organizaciones mejicanas de derechos humanos e incluso funcionarios del Gobierno criticaron las "evidentes irregularidades de las investigaciones policiales subsiguientes", afirma la oganización internacional.