El director de AI en España, Esteban Beltrán, afirmó que "un año después de que se produjeran las muertes de 13 inmigrantes al intentar saltar las vallas de Ceuta y Melilla para llegar a la Península, sigue existiendo un clima absoluto de impunidad; ni en España ni en Marruecos se han hecho investigaciones sobre lo ocurrido".

En este nuevo informe, basado en los testimonios de las víctimas y en los contactos que la organización ha mantenido con las autoridades de ambos países, AI expresa que en los acontecimientos que se produjeron en 2005, las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes no sólo hicieron un uso excesivo de la fuerza para devolver a estas personas inmigrantes y solicitantes de asilo, sino que, en muchos casos, las expulsaron inmediatamente a países donde podrían correr peligro de ser torturadas o sufrir otros malos tratos.

Beltrán denunció que todavía no se ha procedido a investigar la identidad del Guardia Civil que apareció en la cadena Telecinco "pateando a un inmigrante" y tampoco ha investigado las muertes de los tres inmigrantes que murieron en las vallas, en julio de este mismo año.

"No sólo el Gobierno español no tomó medidas ante la muerte de estas tres personas, sino que dió a Marruecos 10,5 millones de euros para el control fronterizo", indicó, y añadió, "el ministro del Interior prometió que proporcionaría la información actualizada sobre la investigación de éste y otros casos, algo que todavía no ha sucedido".

Virginia Álvarez, responsable de política interior de AI España, señaló que, durante la misión de campo que hizo AI en Ceuta y Melilla (España) y Nador, Oujda, Rabat y Tánger (Marruecos), pudieron comprobar que la gendarmería marroquí hizo expulsiones colectivas a zonas fronterizas y desérticas, "ninguna de estas personas tuvo derecho a un abogado o a un intérprete, como exige la ley española y en muchos casos eran devueltas sin ser atendidas".

Por su parte, la abogada de uno de los heridos de bala en la valla de Ceuta, el 29 de septiembre de 2005, Virginia Díaz, explicó que en el parte médico de su defendido no recogía que la herida que presentaba en el pie y que le causó la amputación de dos dedos, había sido producida por un arma de fuego.

"Se le sacó una esquirla de bala de la pierna con posterioridad a la operación del pie y en vez de proceder a su investigación se la dieron de recuerdo", añadió.

Beltrán denunció también que no se aplique la Ley de Extranjería en el territorio que comprende las dos vallas fronterizas. "No se puede dejar a la gente en un limbo legal, es preciso decidir sobre su condición jurídica", apuntó.

Por otra parte, AI instó al Gobierno español a que establezca una agencia independiente que se encargue de investigar todas las denuncias por violaciones graves de derechos humanos cometidas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que se promuevan procedimientos disciplinarios contra estos funcionarios.