La declaración del Ministro es indicativa, según aseguró hoy AI en un comunicado, de la falta de reconocimiento absoluto a los altos niveles de la existencia de la tortura y los malos tratos, y su incumplimiento sistemático del deber de investigar las alegaciones de tortura.

Y en este sentido, la organización dio la bienvenida a la apertura de las diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián para determinar si los hechos pueden haber sido constitutivos de delito.

AI pidió que se garantice la realización de una investigación pronta, imparcial, exhaustiva e independiente, tal y como exigen los estándares de derecho internacional que aclare si hubo malos tratos o tortura en este caso.

Nicola Duckworth, responsable de AI para Europa, afirmó que "la actuación más razonable que se puede llevar a cabo es la de investigar pronta e imparcialmente. Existe la obligación según el derecho internacional de investigar todas las alegaciones de abusos y violaciones de derechos humanos, y por tanto, es deber de los jueces y los fiscales y los departamentos internos de las Fuerzas de Seguridad del Estado el buscar las pruebas pertinentes y corroborar o desmentir las alegaciones".

Amnistía Internacional aseguró en su comunicado que no cree que en España se torture de forma sistemática, pero le preocupa la frecuencia de las denuncias de torturas, que no se puede atribuir en todos los casos a una estrategia de los detenidos para minar la credibilidad moral de las autoridades.