En el informe, AI cita casos de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales y de tortura. Entre las víctimas hay niños de la calle, personas que trabajan e favor de los derechos humanos, periodistas, campesinos indígenas y sindicalistas.

"El número de asesinatos políticos perpetrados por la fuerzas del Gobierno ha disminuido, pero todavía está por ver si se trata de una mejora duradera", agrega AI.

Según Amnistía Internacional, el Gobierno guatemalteco ha tratado de encubrir su grado de responsabilidad afirmando que las víctimas formaban parte de los grupos armados de oposición que operan en Guatemala.

Asimismo, señala que el Consejo de Comuniades Etnicas "Runujel Junam" ("Todos somos iguales", CERJ) se creó en 1988 para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Desde entonces, más de 15 miembros del CERJ han sido ejecutados extrajudicialmente, otros siete han desaparecido y decenas de ellos han sido intimidados por las fuerzas de seguridad.

Amnistía Internacional ha documentado en Guatemala numerosos casos de personas a las que los representantes del Gobierno habían calificado de colaboradoras de los grupos de oposición y que posteromente se han convertido en blanco de violaciones de derechos humanos, al ser víctimas de torturas, desaparición o ejecución extrajudicial.

La organización de derechos humanos cree que el Gobierno guatemalteco tiene que realizar cambios significativos para poner fin a los asesinatos políticos en el país.

---------------------------------------- (NOTICIA EMBARGADA HASTA MAÑANA, DIA 19) ----------------------------------------