También hay acuerdo para situar en 1,2 millones de pesetas el mínimo exento de declaración de los pensionistas, uno de los aspectos del nuevo IRPF que tendrá más rpercusión social, a juicio de Borrell.

El secretario de Estado expresó su confianza en lograr el máximo consenso para llevar a cabo la reforma, pero se mostró escéptico ante la posibilidad de que el Partido Popular se sume finalmente al proyecto.

Las modificaciones al proyecto inicial del IRPF aceptadas por el Gobierno afectan también a otros aspectos muy destacados del mismo, como el que los aumentos patrimoniales reinvertidos no sean considerados como plusvalías a la hora de tributar. Tampoco tibutará por ese concepto el importe de las ventas de viviendas realizadas por personas mayores de 65 años.

Además, la nueva ley elevará las deducciones por renta del trabajo del 5 al 6 por ciento, pudiendo llegar al 20 por cien en el caso de personas con minusvalías.

Respecto al tratamiento fiscal de la vivienda no existen aún acuerdos concretos, pero la mayoría de los grupos parlamentarios se muestran a favor de aplazar los cambios hasta fijar los nuevos valores catastrales.

OBJECIONES DEL PNV Por otra parte, Emilio Olabarría, portavoz del PNV, volvió a condicionar la participación de su grupo en la reforma a la retirada del recurso presentado por Hacienda contra la ley vasca de regulación de balances empresariales.

Para el PNV, dijo Olabarría, "sería suficiente con la retirada de los efectos suspensivos que conlleva el recurso presentado por Hacienda".

Borrell aseguró que Hacienda no modificaría el recurso para atender ese requerimiento, pero se mostró dispuesto a negociar con elPNV cualquier aspecto relacionado con las haciendas forales. Precisó únicamente que la propuesta de negociación debía hacerla el PNV.

Por su parte, el portavoz del PP, José Manuel García Margallo, planteó las objeciones de su partido a la regularización fiscal diseñada por Hacienda para hacer aflorar el "dinero negro" coincidiendo con la reforma del IRPF.

A su juicio, "la reforma fiscal debe hacer soportar los mismos costes fiscales para las declaraciones complementarias que hagan aflorar el dineo negro que para el dinero oculto que pretenda legalizarse mediante la inversión en pagarés del Tesoro".