Así resulta de multiplicar ese recorte total de efectivos por el coste presupuestario medio que representa cada alto cargo, que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Economía, cifra en unos 8 millones de pesetas al año.

La IGAE es el organismo encargado de realizar, entre otras cosas, un recuento anual del personal al servicio del sector público estatal, así como d sus retribuciones, y que en su última memoria cerrada, la de 1994, ya cifraba en sólo 525 la cifra total de altos cargos existente en ese ámbito, entendiendo por tales a quienes ocupan puestos de director general o de presidente de organismo autónomos para arriba.

La diferencia entre esa cifra y la que maneja ahora el Gobierno, que los cifró ayer en 426, puede obedecer a dos factores: las reducciones aplicadas en 1995 y lo que va de 1996, por transferencias de competencias a las autonomías y por reesructuraciones administrativas, y que los datos manejados por el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Angel Rodríguez, podrían referirse sólo al ámbito de la Administración Civil del Estado, en la que ya había únicamente 480 altos cargos a finales del 94. Hasta la cifra antes citada de 525 altos cargos se llegaba sumando además los de la administración militar, la Seguridad Social, las Sociedades Estatales y los Entes Públicos.

De acuerdo con estos datos de la IGAE, también la posible 'poda' qu haga el nuevo Gobierno entre los asesores supondrá un ahorro presupuestario muy limitado, aunque ya afectará como mínimo a todos los que prestaban sus servicios a los altos cargos eliminados en el Consejo de Ministros de ayer.

Según los datos de la IGAE, facilitados a Servimedia, la Administración contaba a finales del 94, entre el personal al servicio del conjunto del sector público estatal, con 459 asesores, que cobraban una media de 4,5 millones de pesetas.

Eso significa que incluso con las atualizaciones salariales de los dos últimos ejercicios, no superiores a la inflación, el ahorro potencial de suprimirlos a todos, una medida que nadie ha planteado, rondaría los 2.500 millones de pesetas.

A este respecto, la memoria de la IGAE, a la que tuvo acceso esta agencia, da una idea muy clara del alcance de los recortes presupuestarios que pueden obtenerse recortando altos cargos y asesores, al margen del efecto ejemplificador que persigue el Partido Popular y que el PSOE pone en entredicho. Concretamente, la IGAE señala que los altos cargos al servicio únicamente de la Administración del Estado, excluyendo la Seguridad Social y las sociedades y entes públicos, costaron en el ejercicio 94 un total de 3.007 millones de pesetas y los asesores, 2.003 millones. En total, algo más de 5.000 millones.