Esta decisión, autorizada hoy por el Consejo de Gobierno, se produce tras analizar el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, y concluir que, a través de este texto, el Gobierno central se extralimita en sus competencias, limita la política de vivienda regional e impone obligaciones a las comunidades autónomas.

En concreto, en su artículo 6, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 establece que el periodo de protección de viviendas será permanente en el caso de que éstas se construyan en suelos destinados por ley a vivienda protegida y no inferior a 30 años sobre suelos libres.

La Comunidad de Madrid estima que esta circunstancia convierte el derecho a la propiedad en una especie de derecho de uso y disfrute, lo que, como explicó González, supone que los adjudicatarios de vivienda protegida nunca serán propietarios plenos de sus pisos, sino meros usuarios que, además, deberán hacer frente al esfuerzo que implica un crédito bancario.

"El Plan Estatal de Vivienda cercena la posibilidad de que haya una vivienda protegida donde el propietario pueda disponer libremente de ella pasado el régimen establecido de protección", afirmó González.

A juicio del vicepresidente, esta situación introduce inestabilidad y desconfianza entre las familias, ya que se sustituye el sistema tradicional de ahorro -basado desde los años 60 en la compra de una vivienda- por un modelo intervencionista basado en la nacionalización de la vivienda protegida.

El Ejecutivo regional considera que los instrumentos eficaces para el control del fraude en la vivienda protegida hunden sus raíces en la colaboración institucional de los Registros de la Propiedad y Notariado y la Administración Tributaria o el tanteo y retracto legales, mecanismos de control de las transacciones.

Por su parte, el artículo 3.1.b. del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 exige al Gobierno regional la creación de un registro público de demandantes de vivienda protegida, una medida que, explicó González, "no sólo es ineficaz como base única para la adjudicación de viviendas protegidas, sino que no tiene en cuenta el coste que ocasionará la creación de esta estructura burocrática".

Añadió que, asimismo, el real decreto no aclara el sistema de adjudicación de las viviendas, es decir, no determina si será por sorteo, por orden de espera en el registro de demandantes o por un modelo de baremación.