El portavoz del Consejo de Gobierno, Ignacio González, explicó que el objetivo es que se amplíen para todas las comunidades y no sólo para alguna, los porcentajes de cesión del IVA, IRPF y de los Impuestos Especiales, que actualmente se encuentra en el 35%, 33% y 40%, respectivamente.

Informó, asimismo, de que en ese decálogo se expresa el"rechazo más absoluto" a la creación de agencias tributarias en cada comunidad autónoma porque "un sistema con 17 agencias distintas generaría una descoordinación en el propio sistema tributario".

Manifestó que su Gobierno defiende la "búsqueda de fórmulas que mejoren la colaboración entre el Estado y las CCAAbasado en la distribución actual de competencias de la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda".

También dijo que la Comunidad de Madrid plantea un modelo que tenga en cuenta el "criterio irrenunciable" de aumento de población, que en el caso de la Comunidad de Madrid se ha incrementado en casi un millón de personas desde 1999, superando en la actualidad los seis millones de habitantes.

González, quien precisó la "buena voluntad" de la Comunidad para consensuar sus peticiones, añadió que el nuevo modelo debe ser respetuoso con la Constitución y que la interpretación de los estatutos no puede suponer privilegios económicos y sociales para ninguna comunidad autónoma y señaló que la reforma ha de consensuarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, según establece la normativa vigente sobre coordinación financiera (Lofca).

Tras indicar que el sistema de financiación deberá aprobarse por unanimidad entre el Estado y las comunidades, al igual que ocurrió con el modelo aprobado en 2002, subrayó que el Estado debe incorporar los recursos económicos para la Atención a la Dependencia.

Asimismo, manifestó que el nuevo sistema debe ser solidario, garantizando la suficiencia financiera de las comunidades, con independencia de su capacidad fiscal, y que la financiación por habitante no debe variar mucho entre las distintas regiones.

En el decálogo también se señala que el sistema debe contemplar los mecanismos de suficiencia correspondientes para garantizar a las comunidades los recursos necesarios para prestar los servicios públicos a lo largo del tiempo y se pide el cumplimiento del principio de lealtad institucional, lo que significa que el Estado debe compensar a las comunidades autónomas cuando su actividad legisladora conlleve mayores obligaciones de gasto o menores ingresos a alguna región.