El portavoz regional, Ignacio González, tras recordar que el 25% de todos los inmigrantes que viven en España residen en la Comunidad de Madrid, en la que el 14% de su población son extranjeros,dijo que, según datos del propio Ejecutivo central, se espera que entre 250.000 y 300.000 personas regularicen su situación.

"El coste directo e inmediato que se va a derivar de este proceso supera los 500 millones de euros", explicó González, que exigió a Caldera "que nos dote de los recursos que vamos a tener que poner para dar las prestaciones de servicios y asistencias necesarias a todos estos inmigrantes".

"Demandamos al Gobierno que ponga en marcha un plan de dotación de los recursos necesarios a las comunidades autónomas, con el objetivo de poder disponer del dinero preciso para hacer frente a este proceso de integración de estas personas", exigió.

González recordó que el propio Caldera ha afirmado que el objetivo de este proceso de regularización es la integración social de estos inmigrantes y calificó de "insuficiente" la dotación de 120 millones de euros anunciada por el Ministerio de Trabajo para "acompañar los procesos de regularización".

El portavoz del Ejecutivo regional afirmó que "la estimación de lo que cuesta una persona inmigrante está por encima de los 1.000 euros anuales", y que si multiplica esta cantidad por los 300.000 que se regularizarán se podrá conocer el coste de atender a esta población.

González destacó que los beneficios de este proceso son para el Estado, ya que estas personas cotizarán a la Seguridad Social, mientras que "las comunidades autónomas no recibimos ninguna aportación de ese dinero".

Explicó que 300.000 personas cotizando un año a la Seguridad Social, una media de entre 20.000 y 30.000 pesetas, dan la cifra de más de 100.000 millones de las antiguas pesetas, que suponen nuevos ingresos a esta entidad estatal, "que sólo financia prestaciones sociales, pero ninguna otra prestación asistencial, como la sanidad".

González, que en la etapa de Aznar al frente del Gobierno de España fue secretario de Estado de Inmigración, explicó que "los procesos de regularización masivos no ayudan a ordenar razonablemente los flujos migratorios".

Recordó que cuando se ocupaba de los temas de inmigración no se acometieron procesos de regularización porque, además de que no sirven para ordenar los flujos migratorios, desde 2000 la política de inmigración es comunitaria, porque así lo decidieron los estados europeos.

"Estos procesos producen un efecto de atracción de más inmigrantes. Ahora los países socios de España ven con preocupación este proceso al margen de la política comunitaria, que hoy va por la ordenación de los flujos, el control de las fronteras y la legalidad de las entradas", concluyó.