Aguirre explicó que la propia Administración regional solicitó el 8 de septiembre de 2005 al TDC un informe sobre la citada OPA y afirmó que, según el citado documento, "la OPA es en sí misma negativa y perjudicaría a los consumidores madrileños".

"Las Opas no las decide el Gobierno, sino los accionistas,que deciden vender o no en función de sus intereses", señaló Aguirre, quien dijo que "aquí hay una accionista mayoritario, que es Cajamadrid, y pienso que no tendrá mucho interés en aceptarla".

El citado informe del TDC de la Comunidad de Madrid, que será remitido al vicepresidente Solbes, señala que "la OPA es rechazable", según informó el portavoz del Gobierno regional, Ignacio González.

González pidió al Gobierno central que tenga en cuenta "este informe negativo", que en sus conclusiones "pone de manifiesto que la OPA perjudica gravemente los intereses de los consumidores y usuarios porque produce concentraciones contra la libre competencia".

El informe destaca que, "por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, la OPA, unida al acuerdo entre Gas Natural e Iberdrola, concedería a esta compañía un control efectivo del mercado energético regional que resultaría incompatible con la preservación de la competencia".

"En consecuencia, sería previsible que Iberdrola aprovechase el poder de mercado que le otorgaría su posición de dominio, tanto frente a sus competidores como respecto a los clientes, que verían sensiblemente reducidas sus opciones de elegir suministrador energético en presencia de fuertes barreras de entrada como las que levantaría el acuerdo Gas Natural-Iberdrola. Si se produjese la fusión con el posterior acuerdo tendría consecuencias anticompetitivas en el mercado madrileño", señalan los autores del informe.