Así lo anunció hoy el portavoz del Gobierno madrileño, Ignacio González, quien explicó que, en la celebración de convenios urbanísticos entre promotores y ayuntamientos, se había llegado a una "práctica bastante extendida", consistente en "anticipar contraprestaciones económicas a cambio de unos desarrollos futuros del planeamiento".

Señaló que estas prácticas legales están "condicionando de una manera determinante cómo va a ser ese planeamiento futuro y todo se hace con un aumento de la edificabilidad, metiendo presión sobre toda la tramitación administrativa".

CASO CIEMPOZUELOS

"Esto está generando tensiones en algunos municipios", destacó González, quien afirmó que "cuando el uso de estos convenios tiene otras finalidades que no se ajustan a la ley, generan casos como el de Ciempozuelos".

González reiteró que con esta modificación de la Ley del Suelo "se trata de evitar que estos convenios puedan condicionar, como está ocurriendo en la actualidad, determinados desarrollos futuros que suponen sin duda una presión sobre el desarrollo ordenado que es necesario establecer en los procedimientos urbanísticos".

En la citada modificación normativa se señala que "serán nulos de pleno derecho todos los convenios que incluyan cláusulas que establezcan la obligación de hacer efectivos los deberes legales de cesión y, en su caso, los convenios entre las partes que se produzcan antes de la aprobación definitiva de la modificación o revisión del planeamiento al que afecte".

"Con esta medida, se dará un avance importante en la mejora de la gestión, en su transparencia y en la eliminación de algunas prácticas que en ocasiones dan lugar a resultados como los de Ciempozuelos", añadió.