Tras la reunión del Comité Ejecutivo Regional de esta formación, Aguirre destacó que el PP "está cumpliendo con el deber que nos han encomendado los ciudadanos, que no es otro que el de ejercer la leal oposición" y reiteró que desde este partido "vamos a apoyar al Gobierno en todas las iniciativas que conduzcan a acabar con ETA, a su desaparición".

Señaló que Zapatero tiene que comprobar que la decisión de ETA es "irreversible" y explicó que "a eso tiene que dedicar el Gobierno su actividad y no a hacer gestos en una dirección u otra".

No obstante, afirmó que el apoyo que el PP "de toda España" le da a Zapatero para acabar con esta banda armada "tiene fijados unas líneas rojas" que impiden negociar con ETA ni con Batasuna y garantizan que el Estado de Derecho sigue plenamente vigente y que, por tanto, "las fuerzas de seguridad y los jueces tienen que seguir actuando de acuerdo con la ley".

Con respecto a Batasuna, lamentó que, "hasta hoy, la antigua HB nunca ha condenado la violencia" y destacó que "en una democracia todas las ideas pueden defenderse siempre que no se recurra a la violencia para obligar con métodos totalitarios a los demás a aceptar sus tesis". "Si cambia", añadió la presidenta regional del PP, "todos estamos abiertos".

Asimismo, dijo que "las opiniones y la dignidad de lasvíctimas también tienen que contar en este proceso" y recordóque "le hemos trasmitido al Gobierno que tiene que cambiar la política antiterrorista de los dos últimos años en relación con el PP".

Aguirre, que calificó de "impecable" la actuación del PP en este asunto, explicó que se dirigió a los miembros del Comité Ejecutivo Regional de este partido que indicarles que "no es tolerable que personas capaces de pegarle un tiro en la nuca a Miguel Ángel Blanco, dejar sin piernas a Irene Villa o secuestrar a Ortega Lara puedan hablar ahora de tú a tú con los representantes naturales de la democracia".

Aguirre informó de que en la citada reunión de la Ejecutiva del PP de Madrid también se habló de la aprobación del Estatuto de Cataluña, en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

"No es un nuevo estatuto sino una modificación encubierta de la Carta Magna", afirmó la mandataria madrileña, quien destacó que, con su aprobación, "se rompe el consenso constitucional de 1978 y se termina el estado autonómico" ya que se introduce "la bilateralidad y la desigualdad entre los territorios".