LA AGRUPACION DE TELESPECTADORES DENUNCIA EL INCUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA COMUNITARIA SOBRE TV
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La Agrupación de Telespectadores y Radioyentes (ATR) ha denunciado el incumplimiento, por parte de España, de la directiva de la Comunidad Europea sobre televisión, aprobada el 3 de octubre de 1989, que, según la asociación, debería haberse incorporado a la legislación española el 3 de octubr de 1991.
En opinión de la ATR, es inaceptable que el Gobierno español no haya cumplido el plazo establecido en el artículo 25.1 de la directiva, lo que ha provocado que aún no exista una norma que adapte a nuestro ordenamiento jurídico las directrices comunitarias.
Esta directiva incluye una serie de condicionamientos a los que deberá ajustarse la publicidad que se emita en las televisiones de todos los estados miembros.
Los responsables de la agrupación consideran que el proyecto que prepaa el Ejecutivo llegará tarde, "poniéndose de manifiesto, una vez más, el poco respeto que por el Derecho siente".
La directiva establece importantes restricciones en la emisión de espacios publicitarios, cuestión que preocupa tanto a las empresas televisivas como al sector de la publicidad.
Según la ATR, esta norma europea indica expresamente que "el tiempo de transmisión dedicado a la publicidad no deberá representar más de un 15 por ciento del tiempo de transmisión diario".
Por lo que se rfiere a la emisión de largometrajes cinematográficos y de películas concebidas para la televisión cuya duración sea superior a 45 minutos, la agrupación recordó que "podrá ser interrumpida una sola vez por cada periodo completo de 45 minutos".
En los programas compuestos de partes autónomas, en los reportajes deportivos y en los espectáculos de estructura similar que tengan intervalos, afirma la ATR, "sólo podrá insertarse la publicidad entre las partes autónomas o intervalos".
Además, la normatia europea prohíbe insertar anuncios en retransmisiones religiosas, documentales y programas informativos e infantiles cuya duración no exceda de 30 minutos.
El Gobierno ha redactado ya un anteproyecto para adaptar la normativa española a las exigencias comunitarias, que ha sido criticado fundamentalmente por las cadenas privadas, por considerar que limita la libertad de actuación comercial.
PUBLICIDAD ENCUBIERTA
Según la ATR, la directiva establece la obligación de que los espacios publicitario sean fácilmente identificables, por lo que prohíbe la publicidad subliminal o encubierta. Igualmente, desautoriza la publicidad televisiva de tabaco.
También fija las líneas generales de los patrocinios. El artículo 17 dice textualmente: "El contenido y la programación de una emisión patrocinada no podrán, en ningún caso, ser influidos por el patrocinador".
Asimismo, los patrocinadores no deberán incitar a la compra de sus productos. A juicio de los responsables de la Agrupación de Telespectadors, "actualmente en España pocos de los patrocinios que se realizan cumplirían las normas que exige la Comunidad Europea".
La directiva también incluye un capítulo, el 22, dedicado a la protección de los menores. "Los estados miembros adoptarán las medidas oportunas para garantizar que sus emisiones de televisión no incluyan programas que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores y, en particular, programas que incluyan escenas de pronografía o violencia gratuita ...), salvo que se garantice, por la elección de la hora de emisión o mediante toda clase de medidas técnicas, que dichos menores no ven ni escuchan normalmente dichas emisiones".
En cuanto a la publicidad destinada a los menores, otro artículo de la directiva dice, entre otras cosas, que no deberá incitarle a la compra de un producto mediante la explotación de su inexperiencia o credulidad.
ASFIXIAR A LAS PRIVADAS
La Agrupación de Telespectadores y Radioyentes, que considera necesario limitar a publicidad, advierte sin embargo sobre el riesgo de que el Gobierno intente asfixiar con ello a las televisiones privadas.
"Si las restricciones publicitarias llegan a ser excesivas, se corre el riesgo de asfixiar económicamente a estas cadenas (las privadas) y, con ello, se impediría que respiremos el aire fresco de la libertad que ellas significan", según fuentes de la ATR.
Además, en opinión de la ATR, las privadas están en situación de desigualdad respecto a los canales públicos, que "se nuren de nuestros impuestos".
(SERVIMEDIA)
03 Mar 1992
CAA