No obstante, Barreiro admitió que el documento "es suscetible de mejoras que podrán producirse en los próximos meses". Entre los aspectos que el Ministerio considera "positivos" citó la regulación de las OPFH (Organización de Productores de Frutas y Hortalizas), la creación de un fondo operacional para que éstas puedan regular el mercado y la posibilidad de aplicar medidas para productos sensibles de carácter local (ajo y espárragos, por ejemplo).

El directivo de Agricultura rechazó las críticas de las organizaciones agrarias y de la patronal de los exportdores de frutas y hortalizas FEPEX de que no se respeta la preferencia comunitaria, ya que "el documento se remite a la preferencia que ya existe y que fue determinada en la concluida Ronda Uruguay del GATT". Barreiro insistió en la imposibilidad de cambiar este acuerdo.

El secretario general de Producciones y Mercados explicó que las retiradas (compra de productos para regular el mercado) la sigue financiado la UE para las 14 producciones que estaban hasta ahora protegidas (coliflor, berenjena, tomat, melocotón, albaricoque, manzana, pera, uva de mesa, naranjas, satsumas, clementinas, mandarinas y nectarinas). España pretende que se incluyan también la fresa, el melón y el pepino.

Barreiro coincidió con las organizaciones agrarias en que los precios de referencia para las retiradas "son demasiado bajos en algunos casos", pero restó importancia a este aspecto ya que España utiliza este mecanismo mucho menos que otros países comunitarios gracias a su mayor competitividad.

También consideró postivo que las OPFH puedan aplicar los precios de retirada en cualquier momento y que con su fondo operacional puedan realizar retiradas de otros productos no incluidos en los 14 protegidos por la UE. Ese fondo operacional para ajo, champiñón, espárrago, entre otros productos, estará compuesto al 50% por los propios productores y al 50% por fondos públicos.

El 50% de los fondos públicos se distribuye en un 80% para el Feoga Garantía (fondos comunitarios) y en un 20% para los Estados miembros. Mientras ue las organizaciones agrarias critican que sean los propios agricultores los que tengan que aportar dinero para regular el mercado, Barreiro está en desacuerdo con la aportación estatal y que se limite al 10% de la aportación de estos fondos para retiradas de productos no regulados.

CONTINUA LA OPOSICION

Por su parte, la organización agraria Asaja volvió hoy a insistir en un comunicado en que la reforma de la OCM de fruta y hortalizas no garantiza la renta de los agricultores. Insistió en que no copensa la pérdida del principio de preferencia tras la firma del GATT y que se rebajan en un 50% las primas de restitución a la exportación.

Por todo ello, Asaja pidió al Gobierno español que ejerza su derecho de veto cuando la propuesta llegue al Consejo de Ministros de Agricultura el próximo 24 de octubre.