El Gobierno aprobó el pasado martes el empleo de 10.000 millones de pesetas a cargo de los fondos de cohesión para reforestación. El secretario general de la organización agraria UPA, Fernando Moraleda, aseguró que sólo 2.000 millones se emplearían para ayudas a los agricultores y el resto serían para el ICONA (repoblación de bosques).

Atienza confirmó estos datos per dijo que estos 2.000 millones podrán ser ampliables e incluso podrían duplicarse con el resto de fondos si las necesidades de ayudas así lo exigieran.

Además, explicó que el empleo de estos 2.000 millones supondrán unas ayudas de al menos de 12.000 millones para los agricultores, ya que existe un convenio con las comunidades autónomas para cofinanciar las subvenciones del Ministerio de Agricultura y que el Feoga Garantía aporta además tres veces los fondos empleados por las diferentes administracione españolas.

"Que nadie se preocupe ya que ningún agricultor se va a quedar sin ayudas para la reforestación de sus tierras", dijo el secretario de Estructuras Agrarias.

Atienza explicó que este programa empleará un total de 140.000 millones de pesetas en los próximos 20 años, ya que a los 60.000 inicialmente presupuestados hasta 1997, hay que añadirle otros 80.000 millones en concepto de apoyo a las rentas de los agricultores por lo que dejarán de cultivar.

Asimismo, aseguró que con esta medda volverán a su origen forestal unas 100.000 hectáreas de tierras para las que es necesario "un esfuerzo tremendo para un escaso rendimiento, contribuirá a la conservación del medio natural e impulsará la compensación de renta de los agricultores".

Técnicamente, estos 10.000 millones de los fondos de cohesión no pueden servir para recibir otras ayudas comunitarias, por lo que el Ministerio ha decidido emplear integramente estos fondos para reforestación de montes, y desviar el dinero que tenía presupestado para este último fin a reforestación de tierras agrícolas.

CESE ANTICIPADO

Por otra parte, Atienza se refirió al nuevo programa de jubilación anticipada de agricultores, que aumenta las ayudas en un 24 por ciento y pretende multiplicar por ocho el número de ceses de agricultores entre 60 y 65 años.

El problema del bajo número de agricultores que se han acogido al cese anticipado (algo más de 2.000 en 1992) radica, a su juicio, en que el agricultor que se jubila a los 65 años puede seguirexplotando sus tierras, lo que no se les permite a los de cese anticipado.

Atienza dijo que el proyecto de decreto no va a modificarse, y que no se incluirá la última oferta económica a las organizaciones agrarias sobre la renta de los agricultores que pueden acogerse al cese anticipado, que estas rechazaron. Sin embargo, dijo que ya se habían recogido en el proyecto muchas de sus peticiones.

El secretario de Estructuras consideró suficiente el empleo de 100.000 millones de pesetas en los próximo cinco años y afirmó que la cantidad para 1993 es menor porque a medida que pasa el tiempo se va acumulando lo que Agricultura debe pagar, debido a que las nuevas incorporaciones al cese anticipado se unen a lo que se les está pagando a los que ya se han jubilado.