Los agricultores de este colectivo valenciano se unen de esta manera a la decisión adoptada el pasado martes en Madrid por la comisión de productores vitivinícolas de COAG para protestar contra las importaciones.

Entre otras peticiones, la Unió de Llauradors pide a la Generalitat Valenciana medidas de control para defender el derecho de preferencia de los viticultores valencianos por su condición de miembros de la Unión uropea, frente a importaciones de países terceros.

Según esta organización agraria, en 1995 se destinaron al mercado español cerca de un millón y medio de hectólitros de vino extracomunitario. En los meses trancurridos en 1996 se han alcanzado ya los 337.000 hectólitros de la misma procedencia.

Los vinos procedentes de Argentina y Chile son los que mayores tasas de importación alcanzan, según COAG, y su destino para el mercado español se concentra mayoritariamente en el puerto de Valencia, desde onde se destinan a veces a mezclas con vinos españoles o a "su venta ilegal" como vino nacional sin control legal del etiquetado, según denuncia la Unió de Llauradors y Ramaders.