Esas acciones de protesta vienen provocadas por el recrudecimiento de las acciones de los agricultores galos contra los camiones cargados de fresas españolas (el lunes destruyeron la carga de tres) y la actitud del Gobierno francés, que pide un documento de tránsito en desuso a los transportistas cargados con frutas y verduras procedentes de España.

Los representantes de todas las organizaciones agrrias y FEPEX acordaron iniciar diversas acciones, dentro de la legalidad, que incluirán concentraciones coordinadas en los hipermercados de capital francés de Madrid, Valencia, Murcia, Almería, Sevilla y Barcelona.

Los agricultores entregarán a los clientes de estos establecimientos pegatinas con un eslogan todavía no decidido, aunque irá en la línea de "¿Productos franceses?, no gracias", y un folleto explicativo de los perjuicios que están sufriendo debido a las actuaciones restrictivas de las autordades galas.

En estos días comienza la llegada a los mercados españoles de manzanas francesas, que es la fruta más exportada por el país vecino a España. Los agricultores se centrarán en explicar a los consumidores esta circunstancia y denunciarán la presencia de otros productos franceses, como kiwis, melocotones y albaricoques.

Asimismo, informarán que la balanza comercial agroalimentaria entre Francia y España ha cambiado su tendencia en los últimos años, pues nuestro país, de tener un superávi de 57.000 millones de pesetas en 1986, ha pasado a un déficit de 63.000 millones.

Por otro lado, el sector agrario ha remitido cartas a diversos organismos de la Comisión Europea, denunciando que Francia está exigiendo a los camiones españoles cargados con fresas, tomates, alcachofas, albaricoques, melocotones y melones un documento de tránsito denominado T-2, suprimido implícitamente por la propia CE el 1 de enero de 1993, sin que todavía haya habido contestación oficial de los organismos comunitaris.

También se han dirigido a los ministros españoles de Asuntos Exteriores, Agricultura e Industria y al embajador francés en España, para que aumenten la presión sobre la CE, y remitirán nuevos requerimientos a la Dirección General de la Competencia y al Defensor del Pueblo comunitario.