Para Andoni García, responsable de Relaciones Laborales de COAG, la regularización va ser "positiva" para el sector ya que va a permitir regularizar la situación de unos inmigrantes que ya estaban haciendo un trabajo determinado. "Ahora se va a poder regularizar toda una situación que ya se estaba dando", afirmó en declaraciones a Servimedia.

Asimismo, señaló que desde el sector agrario va a haber "una apuesta muy clara" por este proceso, ya que responde a una necesidad real de los agricultores.

Para los tres meses de duración del proceso García pidió a las administraciones "agilidad" para poder resolver el mayor número de propuestas. También recordó que el sector se encuentra en un momento "delicado" debido a las consecuencias de la ola de frío y a las heladas que han acabado con muchas cosechas. Por ello, pidió una ampliación del proceso.

Sobre esta misma cuestión se manifestó Juan José Alvarez, responsable de Relaciones Laborales de Asaja. En declaraciones a esta agencia también pidió una ampliación del proceso que tenga en cuenta la situación actual del sector como consecuencia de la ola de frío.

Asimismo, lamentó que el proceso no haya recogido las necesidades específicas del sector agrario en cuanto a los periodos de contratación previstos, estipulados en tres meses, y sugirió la posibilidad de que varios agricultores pudieran contratar a un mismo trabajador, posibilidad que sí está permitida para los trabajadores del servicio doméstico que acrediten 30 horas semanales de trabajo en distintas casas.

En cualquier caso, señaló que el proceso abierto es "un avance importante" y que la voluntad de los agricultores es normalizar la situación de unos inmigrantes que estaban demandando trabajo y a los que no se les podía contratar.

TRABAJO "DIGNO Y LEGAL"

"En el campo hay trabajo y los inmigrantes sí están dispuestos a hacerlo. Había que legalizar la situación de estas personas que están viviendo en nuestros pueblos, que tienen derecho a educación, a sanidad y también a un trabajo digno y además legalizado", aseveró.

Por su parte, Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, insistió en la importancia de este proceso para el sector agrario y la "oportunidad" que supone. "Estábamos teniendo muchísimos problemas y servirá para solucionar las necesidades de mano de obra para algunas campañas para las que era imprescindible recurrir a los contingentes, lo que en ocasiones tampoco era suficiente".

Al mismo tiempo, explicó, en las localidades agrícolas había muchos trabajadores dispuestos a trabajar a los que no se podía contratar porque carecían de papeles. Con este proceso, señaló, ahora se podrá dar cobertura legal a esos inmigrantes que ya estaban integrados entre la población rural y que estaban trabajando de forma irregular.

Sobre el proceso abierto, advirtió que "habrá que estar muy vigilantes" para que nadie pueda cometer ningún tipo de atropello y velar porque se cumplan los mínimos que están recogidos dentro de los convenios establecidos "y que ese mismo tratamiento se dé a los trabajadores inmigrantes".