Este documento consesuando por el Gobierno y los agentes sociales establece los criterios para crear un sistema nacional de dependencia que será similar al de la Seguridad Social porque reconoce el derecho universal y público de acceso a las prestaciones de dependencia, en condiciones de igualdad y no discriminación para todo el territorio, basado en un criterio de equidad en la distribución territorial de los recursos.

Asimismo, especifica la preferencia en la prestación de servicios a las personas dependientes, pero cuando ésta no sea posible se otorgarán prestaciones económicas.

El coste nuevo que se va a prestar en servicios, porque se aprovecharán los ya existentes, será al 50% entre la Administación Central del Estado y las Comunidades Autónomas. Los beneficiarios con recursos contribuirán económicamente a la financiación de los servicios en función de su capacidad económica personal. Los que no dispongan ni de renta, ni de recursos recibirán también la prestación que necesiten.

Los criterios de evaluación sobre el grado de dependencia y la prestación necesaria serán comunes para todo el territorio nacional, para asegurar la igualdad y la equidad.

El secretario de Empleo y Proteccion social de UGT, Jesús Pérez, valora este documento "de muy positivo porque los principios y criterios que van a informar la ley, que después se desarrollarán con diálogo social, son todos los que están en las resoluciones de nuestros congresos".

El documento también asegura que en el 2015 tiene que estar completado y consolidado este nuevo sistema de dependencia y que representará el 1% del PIB, en torno a los 9.300 millones de euros. Si bien estos puntos deberán discutirse en el Consejo de Política fiscal y financiera.

"Habrá un órgano permanente de participación institucional que se llamará Comité Consultivo del Sistema Nacional de Dependencia con independencia de que el desarrollo reglamentario de la ley tendrá que hacerse mediante diálogo social, matiza Pérez.