Así lo confirmó hoy en rueda de prensa el portavoz de Defensa del Grupo Popular, Arsenio Fernández de Mesa, que presentó en rueda de prensa su propuesta sobre el texto de la ponencia de la comisión mixta que estudia la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas.

Tras recalcar que se trata sólo de una "propuesta" a la ponencia que tendrá que ser discutida y analizada por los demás grupos parlamentarios para intentar consensuar un texto, la calificó de "ógica" y reiteró que será "beneficioso" para los cuerpos policiales nutrirse de personas que ya tengan experiencia en el manejo de armas.

La propuesta del Grupo Popular señala textualmente que "para ingresar como guardia civil, como policía nacional, en las policías autonómicas y en las policías locales deberá ser requisito indispensable tener cumplido como mínimo un compromiso de corta duración como tropa profesional o haber realizado el actual servicio militar".

Los que cumplan ese compromiso, e entre 12 y 18 meses, tendrán preferencia para optar al modelo de larga duración, que inicialmente no será superior a tres años, pero se podrá ampliar sucesivamente.

Los profesionales de tropa y marinería serán además valorados con "mérito preferente" en el acceso a puestos de trabajo de todas las administraciones públicas, y se establecerán los mecanismos que permitan valorar este servicio "a la hora de buscar colocación en el sector privado".

INCENTIVOS PARA EL RECLUTAMIENTO

Esto responde, sgún el texto de la propuesta, a la necesidad de "incentivos, además del puramente vocacional, para garantizar que se cumplen los objetivos del reclutamiento".

Para ello, el sistema deberá ofrecer al militar profesional "la respuesta a la lógica expectativa de los jóvenes hacia un empleo o salida profesional de carácter permanente, tanto en las Fuerzas Armadas como fuera de ellas".

Tal y como han defendido hasta ahora, los populares apuestan por un Ejército profesional que oscile entre los 160.000y 170.000 miembros, de los cuales un mínimo del 30% sea cuadro de mando.

Durante el período de transición, que finalizará el 31 de diciembre del año 2002, el Grupo Popular propone establecer mecanismos para que los soldados profesionales aumenten progresivamente al mismo ritmo que disminuyan los de reemplazo.

En correspondencia con los plazos propuestos, los jóvenes nacidos después del 1 de enero de 1983 no serán llamados a prestar el servicio militar obligatorio.

A los nacidos con anterioriad, se les seguirá aplicando la legalidad vigente para evitar que su incumplimiento se pueda convertir "en una vía de escape de las obligaciones ciudadanas que perjudicara el desarrollo normal del necesario período transitorio" para la profesionalización de las Fuerzas Armadas.

Los populares, que apuestan por repartir a partes iguales los gastos de personal y de material, cifran el presupuesto de Defensa del año 2003, primero del Ejército profesional, en 1.250.000 millones de pesetas, lo que representría entre el 1,4 y el 1,5% del PIB actual.