Los API reclaman principalmente tres medidas para situar a España en un régimen de garantías para los consumidores equiparable a los demás países de la Unión Europea: que los profesionales no tengan antecedentes penales, que figuren en un registro público y que hayan suscrito un seguro de responsabilidad civil.

Los API colegiados no piden la exclusividad, según recalcó Baena en rueda de prensa, sino una mínima regulación ya contemplada por la mencionada Ley 10/2003, que dice que podrán ejercer la profesión cualquier persona física o jurídica, sin necesidad de estar titulado, "sin perjuicio de los requisitos que, por razones de protección de los consumidores, establezca la normativa reguladora de esta actividad".

Esta normativa es la que todavía no existe, convirtiendo a España en "el único país europeo que no tiene regulada la intermediación inmobiliaria", según afirmó el asesor jurídico del Consejo General de Colegios de API, Jesús Zarzalejos.

Según el presidente de los API, las autonomías tienen competencias en la materia y algunas ya han comenzado a dar pasos hacia la regulación, como Cataluña, La Rioja y Castilla y León, pero el Ministerio de Vivienda debería elaborar una norma marco.

Baena y Zarzalejos explicaron en el acto informativo una sentencia del Tribunal Supremo que anula una sanción del Tribunal de Defensa de la Competencia, avalada por la Audiencia Nacional, contra los API por haber publicado en prensa anuncios advirtiendo sobre la actividad en el mercado de mediadores inmobiliarios no titulados.

Para Zarzalejos, Competencia "creó un problema donde no lo había" porque en el momento de dictarse la resolución no estaba liberalizada la intermediación y los colegios se limitaban a defender la legalidad. "Se nos condenó por decir que éramos lo que somos", resaltó por su parte Baena.