Así se recoge en una respuesta parlamentaria del Gobierno, a la que tuvo hoy acceso Servimedia, a una batería de preguntas de Izquierda Unida sobre la reforma anunciada del CESID y sobre los gastos de personal del centro.

El sueldo base de un funcionario del CESID es de 27 millones, más 484.000 pesetas para el que tenga trienios. Las retribuciones complementarias se dividen en 1,4 millones por complemento de destino y 2,8 millones por complemento específico. En total, el salario mínimo es de 7.055.319 millones.

A ello hay que añadir otros complementos posibles, como el de productividad (1,12 millones) o destino en el extranjero (1,18 millones). Por indemnización de residencia están fijadas 46.834 pesetas y por vestuario 47.232 pesetas.

Según la contestación del Eecutivo, el sueldo del director y el secretario general del CESID asciende a 14.895.000 millones de pesetas.

El Gobierno recuerda que la entrada en vigor del Estatuto de Personal del Centro ha supuesto la desvinculación de los miembros del CESID de sus colectivos de procedencia, y su integración al nuevo régimen de personal del centro.

La respuesta parlamentaria asegura que el proceso de selección del personal se hará siempre atendiendo a los principios de "igualdad, mérito y capacidad", reflejads en la trayectoria de servicios prestados al centro y que consten en las calificaciones anuales.

El Gobierno recuerda su propósito de remitir al Parlamento un proyecto de ley en el que se determinen los principios rectores del CESID, y su intención de "regular adecuadamente" la coordinación entre los distintos servicios de información e inteligencia del Estado.

El viernes pasado, el ministro de Defensa, Eduardo Serra, anunció que el nuevo proyecto de ley del CESID servirá para convertir al centr en un "puro servicio de inteligencia", alejando cualquier tentación de que asuma funciones de carácter policial que no le corresponden.

El anteproyecto recoge la posibilidad de que el CESID pueda solicitar de una autoridad judicial comisionada por las Cortes y nombrada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la adopción de medidas restrictivas del derecho al secreto de comunicaciones.