En las operaciones se embargaron más de 250 inmuebles y se bloquearon las cuentas corrientes utilizadas para las transferencias internacionales. Según informó hoy el Ministerio de Economía y Hacienda, no se hicieron públicas para no interferir en las investigaciones judiciales.

Como última actuación de investigación en el caso, y por orden del juez, se realizó el pasado mes de enero un registro en la sede de una empresa distribuidora de material electrónico radicada en Holanda. Esta sociedad había facturado 1.200 millones de euros en los últimos 10 años, en su mayor parte dirigidos a España a sociedades interpuestas, conocidas como ‘truchas’, que distribuían sin IVA la mercancía.

En total, el importe defraudado en España es de unos 140 millones de euros, mientras que el fraude en diferentes países europeos asciende a otros 160 millones de euros.

En el curso del registro judicial se intervino abundante documentación que actualmente está siendo investigada por el servicio de la Policía Fiscal Holandesa (FIOD). Este registro constituye un primer paso para extender la responsabilidad penal a aquellos proveedores radicados en países miembros de la Unión Europea que favorecen y fomentan la continuación de estos fraudes.

Por su parte, previa a esta intervención se realizaron las operaciones Azahar y Basile en la semana del 23 al 27 de junio del ejercicio pasado, que fueron la culminación de investigaciones desarrolladas a lo largo de año y medio por la Agencia Tributaria. En ellas participaron efectivos del Área de Inspección Financiera y Tributaria junto con efectivos de Vigilancia Aduanera.