En un comunicado, el abogado y director general de la Agencia Negociadora, José Ramón Zurdo, explicó que es un avance moderado porque la modificación del artículo 795-1 de la Ley de Enjuiciamiento criminal para poder celebrar juicios abreviados -que en plazos no superiores al mes acabarían con la ocupación ilegal- es por el momento “una solución teórica”, ya que habría que ver la duración real que van a tener estos procedimientos cuando en las viviendas ocupadas haya personas vulnerables que haya que desalojar y tengan que intervenir los servicios sociales o a futuras suspensiones de lanzamientos que puedan decretarse.

Igualmente, Zurdo argumentó que la aprobación solo afecta a los ilícitos penales que regulan los delitos de allanamiento de morada y de usurpación de vivienda, pero no afecta a otros ilícitos penales como los casos de ‘inquiokupación’ de viviendas que se persiguen a través de querellas por estafa o a otros ilícitos civiles como pueden ser los procedimientos de desahucios por expiración del término o por falta de pago de rentas, en los que se mantienen los procedimientos civiles existentes.

En opinión de la ANA, la mejor solución para combatir la ocupación ilegal “no debe ser judicial, como se está planteando, sino administrativa”, obligando a que todos los contratos de arrendamiento de viviendas tengan que suscribirse por escrito e inscribirse de forma obligatoria en un registro público de contratos para que si las fuerzas de seguridad acuden a un domicilio ocupado puedan comprobar si hay un contrato en regla y si no lo hay, puedan desalojar la vivienda “sin necesidad de contar con autorización judicial”. “De esta forma se dejarían sin efecto los contratos simulados y los tickets que ahora suelen presentar los ocupas para justificar las ocupaciones de viviendas”, añadió.